«Se ha perdido la perspectiva sobre las redes sociales; se consideran un juego»

ASSUMPTA ZORRAQUINO
Abogada, responsable del área litigiosa de e-business en PwC

C. JIMÉNEZ

Assumpta Zorraquino es abogada socia local de Landwell y directora de PricewaterhouseCoopers (PwC) desde 1998, como responsable del área litigiosa en materia de e-business, infracciones de derechos de propiedad intelectual y delitos informáticos del departamento de derecho de tecnologías de la información. Ayer habló en el Parque Tecnológico de Gijón sobre delitos relacionados con nuevas tecnologías tras la reforma del Código Penal en una jornada organizada por el «cluster» TIC.

-¿Cuáles son los delitos electrónicos más repetidos?

-Los que atentan contra la propiedad intelectual, contra la intimidad y los de revelación de secretos.

-¿Se ha detectado un incremento de estos actos delictivos derivados del crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías?

-Ahí no es tanto por las empresas sino que son más los casos de particulares. Lo que nos estamos encontrando son más de denuncias en la Agencia de Protección de Datos en temas de intimidad y de privacidad.

-¿A quién corresponde la responsabilidad sobre un delito de estas características?

-Siempre hay un autor, ya sea un empleado o un directivo, pero la sociedad a la que pertenecen también tiene parte de responsabilidad. Hay casos en los que pueden estar sentados en el banquillo hasta tres y cuatro personas: el empleado que comete el delito, el que tenía que haber ejercido control sobre él y el representante legal de la sociedad.

-¿En qué medida puede un trabajador despechado acabar con la reputación de una empresa?

-Lo que mueve a cada infractor en cada caso es distinto. Muchas veces nos hemos encontrado más con perfiles de informáticos no reconocidos o que consideran que no están suficientemente valorados. Lo hacen para demostrar de lo que son capaces, no es tanto la conducta de un trabajador despechado. En los casos de delitos contra la propiedad intelectual y protección de datos, ahí la empresa denuncia ante la Agencia de Protección de Datos para comunicar a las autoridades lo que está pasando.

-¿Las redes sociales aumentan los delitos informáticos?

-Si no se necesitan para el desempeño de tu actividad profesional se puede establecer una prohibición o una limitación horaria. Pero en función del entorno o de la tolerancia que haya en la compañía, podría advertirse al empleado que puede ser monitorizado si está emitiendo opiniones en nombre de la compañía.

-¿Hay mucha fuga de información por las redes sociales?

-Muchas veces no tenemos control sobre lo que decimos y hasta dónde puede llegar la información que se mueve en las redes sociales. El otro día me contaban que en una compañía estaban realizando un trabajo sobre determinados aspectos de la empresa y uno decía: ¿Por qué no nos lo comunicamos través de Twitter? Eso demuestra que se ha distorsionado un poco todo el tema de redes sociales porque se está viendo como un entretenimiento, un juego o una forma de comunicarse pero se está perdiendo un poco la perspectiva general.

-¿Es posible interceptar las comunicaciones de un trabajador?

-En función de la política de la empresa sí. Puede ser cuando existe un consumo excesivo de megas, porque los destinatarios del correo son cuentas no corporativas o porque se detecta que se ha introducido un virus en el sistema. En esos casos es importante que tengamos una serie de herramientas que nos permitan detectar cuándo se están difundiendo contenidos de la empresa.

-¿A qué tipo de sanciones se exponen los infractores?

-Desde penas privativas de libertad a multas económicas, la disolución parcial o total de la compañía, la suspensión de determinadas actividades sociales, la imposibilidad de contactar con la Administración pública, o que se nombre un administrador judicial que intervenga a la compañía. Para el empleado cabe la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, en el caso de los delitos contra la propiedad intelectual y también penas privativas de libertad.

-¿Se han aumentado los controles?

-Sí. Muchas empresas se han aplicado y enseguida han hecho el análisis sobre riesgos, qué probabilidades existen de que ocurran y qué posibilidades tienen para evitarlos. También hay muchas compañías que están impartiendo formación a los empleados sobre estos aspectos.

El «cluster» TIC organizó ayer en Gijón en colaboración con la firma PricewaterhouseCoopers (PwC) una jornada técnica sobre aspectos jurídicos de las TIC, en cuya inauguración participó Juan J. Calderón, socio de PwC en Asturias -primero por la derecha- que aparece junto a Gonzalo G. Espina y María Martínez.