R. GARCÍA

El popular abogado gijonés Roberto Roces presentará esta semana una querella criminal en un Juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional contra tres compañías de servicios de tarificación adicional de móvil. El letrado asegura que desde hace varios meses viene recibiendo en su teléfono mensajes «premium», con un alto coste, que le han supuesto importantes cargos en su factura sin que él hubiera solicitado ninguno de sus servicios. «Es una estafa que ha ido creciendo con el pasar de los días y hay que pararlo», mantiene Roces. Su caso no es único. Decenas de usuarios de telefonía se han quejado a lo largo de los últimos meses de este tipo de prácticas abusivas ante asociaciones de consumidores de toda España.

Roberto Roces comenzó a recibir este tipo de mensajes, procedentes de tres compañías distintas, hace unos tres meses. En su primera factura la compañía Movistar le facturó 60 euros en este tipo de servicios. Un mes más tarde la cuantía aumentó hasta los 80 euros. «Yo nunca había solicitado ninguno de estos servicios y desde hace un tiempo no dejan de llegarme mensajes para que participe en concursos, lo problemático es que me cobran todos estos mensajes», explica. Tres son las compañías que han «abusado» de la factura del letrado: Zed Ibérica, Net Real y Summainvest. El abogado se plantea ahora en su querella criminal pedir el envío a prisión de los responsables de este fraude o su puesta en libertad con cargos bajo fianza. «La cuantía estafada es muy abultada», dice Roces. Teniendo en cuenta el número total de usuarios que han podido ser estafados y haciendo un cálculo de unos 30 euros facturados a cada uno de estos clientes, la cuantía que ingresan estas empresas sin que nadie haya solicitado sus servicios puede ascender a 30 millones de euros, según Roces. Cada SMS tiene un coste de 1,20 euros y a él le han cobrado ya más de 100 euros.

Una simple búsqueda en internet da una idea de a cuántas personas puede estar afectando esta presunta estafa. «Me dieron de alta sin saberlo y me agotaron el saldo sin que yo me diera cuenta», relatan los usuarios en las webs de consumidores. La Agencia Española de Protección de Datos impuso en el mes de agosto de 2010 una sanción de más de 30.000 euros a una de estas compañías por acceder de manera ilegal a los datos de uno de sus clientes, al que facturó mensajes de tarificación especial en los que le ofrecía participar en un concurso televisivo. La Audiencia de Madrid rechazó por su parte la demanda presentada por una ciudadana. En la red decenas de noticias hablan de facturas que incluso superan los 1.000 euros como consecuencia del uso de estos servicios de tarificación adicional.

Roberto Roces presentará esta semana su querella criminal. El Juzgado de instrucción deberá decidir en un primer momento si la admite a trámite.