Eloy MÉNDEZ
Hace varios meses que Raúl Merino tendría que haber entrado por primera vez a una de las ochenta y tres viviendas que El Arbeyal Promociones Inmobiliarias XXI comercializa en frente de la Casa del Mar. Sin embargo, lo único que puede hacer es pasear por los alrededores del edificio con cara de impotencia, después de haber pagado un adelanto de 38.000 euros por un piso de 38 metros cuadrados. «He pecado de confiado», se lamenta una y otra vez este joven con residencia en Olot y ganas de asentarse en Asturias. Como él, decenas de adquirentes esperan como agua de mayo recibir en mano las llaves de su futuro hogar, cansados de llamar a la puerta de la promotora sin obtener respuesta. Tampoco han recibido el aval para las cantidades entregadas como precio anticipado.
«Te sientes vapuleado, engañado, hundido», señalan Joana Álvarez y Luis Casal, una pareja que firmó su contrato en diciembre de 2007 y que todavía no sabe cuándo podrá estrenar domicilio, en la última planta del bloque, a pesar de que las condiciones fijaban un plazo máximo de tres años y medio. A pesar de abonar una mensualidad de 600 euros, nadie les confirma si alguna vez podrán cruzar el umbral. «El dinero te desaparece de la cuenta, pero no se ve ningún resultado a cambio», se quejan, tras asegurar que no han parado de llamar a la sede de la empresa. «A veces te responden, sin ofrecer solución alguna. Otras, ni eso. Si acudes en persona a la oficina, que está en la calle Belice, es posible que no te abran», añade la mujer, cansada de tanta espera. «Están truncando mi proyecto de vida», remata.
La promotora está incapacitada para entregar los pisos porque aún no ha recibido la cédula de habitabilidad ni el resto de licencias municipales, debido a que no ha urbanizado el entorno ni construido varias viviendas pendientes, tal y como recoge el acuerdo de cesión del suelo. De nada ha valido tampoco la sentencia del Juzgado de primera instancia número 7 de Gijón a favor de Abelardo Nuño y que avala las tesis de los clientes. «Creo que estamos ante un claro caso de picaresca empresarial», sostiene este afectado al referirse a Roberto Encinas, socio único de la constructora, la promotora y la mercantil Cedur, S. L. -que posee el cien por ciento de las participaciones-. Nuño es uno de los pocos demandantes que consiguió ser avalado tras «intensas negociaciones». «La empresa carece de seguros que garanticen en su totalidad las cantidades anticipadas a cuenta del precio», denuncia, «por lo que se ha ahorrado unos cuantos miles de euros a nuestra costa».
Más dolorosa si cabe es la situación de Julia Vega y Dolores Gutiérrez, que firmaron un contrato de permuta al tener que abandonar sus antiguas viviendas para dejar libre el solar donde se levantó la nueva promoción. Ni siquiera se han empezado a levantar sus futuros pisos. «Pago una renta de 433 euros mientras espero a una casa que nunca va a llegar», se lamenta una. «He tenido que irme a vivir a casa de mi hermano. Nadie me ofrece una solución», señala la otra.
A los compradores de plazas de garaje no les ha ido mucho mejor. Óscar García se ha dejado nueve mil euros desde que firmó la adquisición de una que se encuentra en el primer subsuelo. «Está hecha, pero no puedo usarla porque la inmobiliaria no tiene permisos», explica, preocupado. «Esto huele a engaño puro y duro, nadie nos atiende, ni siquiera se hace caso a lo que dice un juez», señala, por su parte, José Miguel González, que había abonado unos siete mil euros para otro de los aparcamientos.
La lista de perjudicados es larga, tantos como los que adelantaron una cantidad para adquirir los derechos sobre los inmuebles. «Lo compré en cimientos, un bajo cubierta de 42 metros cuadrados. He pagado ya 25.400 euros. Sigo sin poder entrar», indica Dorinda García. «He gastado 41.000 euros, no pedí avales por confianza. Empecé a preocuparme cuando vi los continuos parones de las obras», sostiene Noelia Rodríguez. «Vivo en Madrid, mandé un burofax y me lo devolvieron sin respuesta», concluye María Luisa Alonso. Algunos han intentado incluso rescindir el contrato y perder parte del dinero. «No nos dejan», dicen.
La única certeza que tienen es que «dos juzgados de Oviedo han declarado la insolvencia parcial de la sociedad», cuyos responsables no han respondido a las llamadas de este periódico. Mientras tanto, los damnificados sólo pueden llegar hasta los portales, con un futuro cerrado a cal y canto.
