R. GARCÍA
Devolver todo el dinero es «el primer objetivo» de la dueña de una agencia de viajes de Gijón a la que 200 estudiantes de la Universidad de Oviedo acusan de dejarlos en tierra después de que hubieran pagado los 200.000 euros que costaban sus viajes de estudios. El abogado de la demandada, una vecina de Gijón cuya identidad corresponde a las iniciales M. G. S., asegura que, de hecho, ya está elaborando una lista con los perjudicados y las cantidades que se les adeudan, para cumplir con esa devolución cuando pueda. El letrado mantiene que en este caso, en el que en los últimos días se han ido sumando otras denuncias individuales, no se ha producido una estafa «porque no se dan los requisitos legales que se necesitan para la comisión de este tipo de delito». Todo se debe a «la situación económica complicada que está pasando» la empresaria, según el abogado, contextualizada, además, en el «mal momento» que vive el sector del turismo. La dueña de la agencia de viajes San Lorenzo aún no ha comparecido ante la Policía. «Lo hará en cuanto la llamen y necesiten su declaración», aseguró ayer su abogado defensor en conversación con este periódico, rechazando así todas las indicaciones realizadas estos días sobre su posible huida. «Ella está perfectamente localizable», afirma.
Los agentes encargados de la oficina de denuncias de las comisarías de El Coto y El Natahoyo recibieron ayer decenas de denuncias relacionadas con el caso. Hasta las dependencias policiales no sólo se desplazaron estudiantes. Los policías han tomado nota de otros casos individuales. Una pareja de médicos gijoneses aseguraron ante los agentes que habían perdido un viaje a África planificado y pagado para este verano en viajes San Lorenzo, pero que no había sido abonado a la mayorista responsable del traslado.
La alarma en este caso saltó el pasado miércoles por la tarde. Los estudiantes de las facultades afectadas -Administración y Dirección de Empresas, Peritos, Medicina y Psicología- se habían desplazado el martes hasta los locales de la agencia para pagar los últimos plazos del viaje que habían organizado a la Riviera Maya. Pero pocas horas después, el negocio cerró sus puertas dejando a los estudiantes en tierra. La responsable del local no había pagado los hoteles ni los aviones que ellos ya daban por reservados. Un mail del abogado de la acusada les explicó la situación a los estudiantes, que aún no han podido contactar con la dueña de la agencia. Los primeros en sufrir las consecuencias de la presunta estafa fueron los universitarios de la Facultad de Peritos, que tenían previsto coger un autobús hacia la Riviera Maya el jueves, a las cinco de la madrugada. A pesar de que los estudiantes acudieron al lugar y a la hora indicados el servicio no se efectuó. La propietaria de la agencia de viajes ahora investigada había sufrido a lo largo del último año varios embargos de Hacienda y de la Seguridad Social que le habían obligado incluso a trasladar su negocio en Gijón. En noviembre tres vecinos de la ciudad la denunciaron por un presunto delito de estafa. Una de las afectadas, Carmen Llana, aseguraba entonces que la dueña de la agencia «no había pagado el hotel en el que nos teníamos que quedar en Puerto Rico a pesar de que le dimos el dinero». En aquella ocasión el Juzgado de instrucción de Gijón que se encargó de la investigación optó por el archivo de la causa al no encontrar indicios de delito.