R. GARCÍA

Cinco responsables de otras tantas empresas se sentarán la próxima semana en el banquillo de los acusados. El fiscal considera a estos cinco ciudadanos responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores y de «uno de homicidio por imprudencia» por la muerte de un operario de 51 años que falleció cuando realizaba labores de encofrado para la ampliación de la vía férrea del muelle Moliner en junio de 2007 en El Musel. Los acusados se enfrentan a una condena total de quince años de cárcel.

El representante del ministerio público asegura en el escrito de conclusiones provisionales remitido al Juzgado de lo penal número 2 que momentos antes de la muerte del operario «se produjo un desprendimiento de la pared de la excavación» que le alcanzó «sepultándole hasta la cintura» y «causándole la muerte por asfixia. La altura del talud desprendido era de unos dos metros.

La entibación que protegía a los trabajadores había sido retirada, según el fiscal, lo que suponía un riesgo «obvio, eminente y grave» para los operarios que se encontraban en la zona. Los empresarios infringieron con esta decisión «la normativa de prevención de riesgos laborales». El representante del ministerio público mantiene que los imputados permitieron que se retirara la entibación «con conocimiento de que con ello se estaba contraviniendo lo establecido, en el plan de seguridad y salud» por lo que pide para cada uno de los responsables de diferentes empresas subcontratadas una condena de tres años de cárcel con la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante el tiempo de la condena.

Además el ministerio público solicita al juez que se imponga a los acusados una indemnización para la esposa, la madre y los hijos del fallecido que ascienda a 154.634 euros.

A pesar de que en el momento del suceso tanto los compañeros del fallecido como los Bomberos y la Guardia Civil se acercaron hasta la zona, no se pudo hacer nada para salvar la vida del herido, que continuaba hablando con sus compañeros poco antes de morir. El juicio tendrá lugar el miércoles 28 de septiembre. Durante la vista oral, declararán peritos del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.