Miriam SUÁREZ
La noticia de que el plan de Castiello de Bernueces deberá someterse a un estudio de impacto ambiental le ha venido a la zona rural gijonesa como caída del cielo. Sus portavoces ven en esta decisión administrativa un filón del que pueden extraer nuevos argumentos para la lucha que mantienen contra el urbanismo local. Ya están estudiando, de hecho, la forma de sacarle partido jurídico.
El de Castiello será el primer desarrollo residencial de menos de un millón de metros cuadrados que tiene que pasar por una evaluación de impacto. La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente obliga a realizar este nuevo trámite pese a que las líneas maestras de la operación ya están aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento. Los vecinos de la zona rural creen que «esto puede traer consecuencias» para el urbanismo gijonés, ya que «pone en entredicho todo lo anterior».
Con anterior se refieren a la revisión que se hizo del Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad después de que los tribunales lo declarasen nulo. Operaciones como la de Castiello se libraron del proceso, precisamente, por tener aprobación definitiva del Pleno cuando se emitieron las sentencias anulatorias. «¿No era tan seguro el urbanismo de Gijón? ¿No decían que la revisión del Plan sólo afectaba a cuestiones de forma?», recuerdan los vecinos con ironía.
La nulidad del PGO fue propiciada fundamentalmente por asociaciones y particulares de la zona rural, que siempre vieron debilidades medioambientales en la normativa que regula la expansión urbanística de la ciudad. Muchos también pleitean contra el documento resultante de la revisión, al considerar que se repiten irregularidades. Dicho documento entró en vigor unos días antes de las elecciones municipales de mayo.
«Se pretende una transformación urbanística enorme, con miles de viviendas que no están suficientemente justificadas», sostiene la zona rural. Someter el plan de Castiello a una evaluación de impacto ambiental conlleva, para empezar, un estudio de distintas alternativas. Sus promotores deberán presentar tres opciones posibles, incluida la no ejecución de un proyecto que generará más de 3.000 viviendas y que lleva seis años tramitándose.
«Sentará precedente», advierten representantes de las parroquias gijonesas, para los que también resulta significativo el hecho de que «la Consejería reconozca los efectos acumulativos» del urbanismo. En este caso concreto, los que pudieran producirse por la suma de los pisos previstos en Castiello y los 1.900 que se construirán en terrenos de Granda, dentro de otra de las grandes operaciones residenciales del PGO. Todo apunta a que este plan urbanístico también tendrá que evaluar su impacto ambiental.
Las asociaciones vecinales de la zona rural ya han puesto a trabajar a sus abogados para saber qué puede aportar esta nueva situación a sus contenciosos contra el PGO. En el Tribunal Superior de Justicia de Asturias se han presentado los correspondientes escritos de interposición, pero aún no ha llegado el momento de formalizar las denuncias, así que los vecinos están a tiempo de reorientar su estrategia.
