Luján PALACIOS

Los 31 acusados de la llamada «operación Bachata» contra el tráfico de drogas, que concluyó con la desarticulación de una importante red de distribución de sustancias estupefacientes en Gijón en el año 2007, reconocieron ayer los hechos que se les imputaban y aceptaron penas de cárcel que van desde los seis meses hasta los seis años. En total, la suma de los meses de prisión de cada uno de ellos supera los 104 años de condena. Asimismo, los acusados deberán pagar multas que rondan los cuatro millones de euros de importe.

Los enjuiciados llegaron ayer a un acuerdo con la fiscalía, que introdujo algunas modificaciones en el escrito de conclusiones, de tal manera que el juicio previsto en la Sección Octava de la Audiencia Provincial no llegó a celebrarse. Así, el ministerio público reconoce la circunstancia atenuante de drogadicción en dos de los acusados y una eximente incompleta de drogadicción en otros tres encausados. Además, se rebaja el grado de implicación de dos de las mujeres que ayudaban a la distribución y venta de las drogas. Con estas modificaciones, se rebaja en 62 años la petición inicial de cárcel de la fiscalía, que rondaba los 166 años en total.

La red de distribución y venta de drogas fue desarticulada por el grupo de estupefacientes de la Comisaría gijonesa en el año 2007 con la detención de 31 personas implicadas en mayor o menor grado en el entramado, que actuaba desde Madrid y Santo Domingo y que vendía en Gijón, pero también en Arriondas, Avilés y Langreo.

Tal y como puso de relieve la acusación pública, uno de los acusados, de nacionalidad dominicana, se encargaba de comprar cocaína en Madrid y utilizaba a mujeres para transportarla hasta Asturias en autobús. Una de las acusadas fue detenida por los agentes de la Policía en la estación de la calle Llanes de Gijón cuando regresaba de la capital con 149,23 gramos de cocaína valorados en más de 4.500 euros.

Los agentes continuaron siguiendo la pista de los delincuentes, que fueron detenidos a lo largo de buena parte del año 2007. En total, se llevaron a cabo un total de nueve registros domiciliarios en los que se incautaron de diferentes cantidades de cocaína, hachís, marihuana, fenacetina, lidocaína, ácido bórico, éter dietílico, varios teléfonos móviles, balanzas de precisión para pesar la droga y dinero en efectivo.

La Policía comprobó cómo uno de los acusados distribuía la droga desde el vehículo de la floristería de otro de los implicados, «en cuyo interior efectuaba los intercambios de droga por dinero», según reza en el escrito de la fiscalía.

Asimismo, la relación entre uno de los vendedores asturianos y su proveedor madrileño se rompió a lo largo de 2007 a raíz de una de las detenciones practicadas por la Policía. Como consecuencia de estos desencuentros, también se llegó hasta un bar de Gijón que vendía sustancias estupefacientes en el local en horario de apertura al público y que contaba para ello con la ayuda de uno de los camareros del local. En el almacén del establecimiento se localizaron bolsitas con cocaína y dinero supuestamente procedente de la venta de esta droga.

Posteriormente, ya en el mes de septiembre del mismo año, los agentes llevaron a cabo nuevas detenciones: tres acusados fueron arrestados con más de cinco kilos de cocaína con un valor aproximado en el mercado de 170.000 euros.

En uno de los domicilios registrados en Madrid, se localizó todo un laboratorio para adulterar la cocaína, con disolventes, básculas de precisión, molinillos para desmenuzar y mezclar las sustancias, elementos para identificar los paquetes de droga y prensas para aglomerarla. Además, las rejillas de ventilación estaban tapadas para evitar que el olor de las sustancias químicas llegara al resto de vecinos del inmueble.

El fiscal especial Antidroga de Asturias, José Perals, consideró que los acusados habían cometido varios delitos contra la salud pública, un delito de simulación de robo, otro de resistencia a la autoridad, un delito de falsedad de documento oficial y otro de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. En cuatro de los detenidos concurría además el agravante de reincidencia.