La fiscalía pide 700.000 euros de indemnización por el desfalco en la notaría de Ángel Torres

Cuatro años de cárcel para cada uno de los dos implicados por un delito de apropiación indebida y algo más de 700.000 euros de indemnización en conjunto para el notario Ángel Torres. Tras más de tres años de investigaciones, peritaciones y trámites, la fiscalía gijonesa ha cerrado por fin la calificación penal por el desfalco que sufrió una notaría gijonesa durante varios años, y del que están acusados dos ex trabajadores de la empresa.

A la calificación fiscal le siguió, el pasado viernes, la elevación al Juzgado de las peticiones particulares que hace, por su parte, Marcelino Abraira, abogado de la acusación. Abraira ha elevado la solicitud de cárcel para cada uno de los imputados hasta los ocho años (por apropiación indebida y delito continuado) y la indemnización a 1,2 millones. El letrado entiende que a los algo más de 700.000 euros de pérdida económica sufrida por la notaría -cifra que cuenta con el aval de los peritos judiciales que llevaron a cabo la investigación- deben incluirse, además, los daños causados al funcionario público, tanto en su patrimonio como en su buen nombre profesional.

Ahora les corresponde a los abogados de los imputados formalizar su escrito de defensa, para lo que tendrán un plazo de diez días, tras lo cual se mandarán las actuaciones a la Audiencia Provincial para, posteriormente, señalar fecha para la audiencia.

Los hechos denunciados se remontan al año 2008. En los primeros días de enero de ese año se conoció la denuncia que había presentado en la Comisaría el notario Ángel Torres, por un supuesto desfalco en su notaría -la que mayor volumen de protocolos tramita al año en Asturias- cometido por dos de sus empleados, y que según las sospechas se podía venir prolongando desde hacía varios años. Entonces se manejó un cálculo estimado de unos 600.000 euros apropiados indebidamente, que finalmente han resultado ser incluso más, según los peritos judiciales.

Ese mismo mes de enero de 2008 los dos empleados sobre los que recayeron las sospechas -uno de ellos el responsable de contabilidad y el otro una subordinada- fueron despedidos. Pese a que los afectados recurrieron su despido en los órganos de justicia laborales, los magistrados dieron la razón al notario en los despidos disciplinarios.

Paralelamente habían ido avanzando las investigaciones y ya a mediados de 2008 el juez de instrucción sobre el que recayó el caso ordenó el bloqueo del patrimonio de los dos trabajadores, como medida cautelar para impedir que mientras durase la investigación, que ya se presumía que iba a ser larga, pudieran llevar a cabo operaciones económicas que pusieran en peligro una futura compensación al notario. Siempre, eso sí, que finalmente se condene a los encausados.

Fue otro empleado de la notaría, del mismo departamento de contabilidad de los denunciados, el que dio la voz de alarma sobre las irregularidades contables que percibía. Al menos una decena de clientes de la notaría se vieron en su día afectados por los procedimientos fraudulentos que supuestamente llevaban a cabo los trabajadores, y los incumplimientos de pago -pese a la provisión de fondos que hacían los particulares- con determinadas administraciones y entidades. Todo esos clientes fueron resarcidos cumplidamente por el notario en cuanto se comprobó, tras una auditoría, lo que había sucedido.