Jove y Cruz Roja recurren el reglamento de contratos del Sespa

A. RUBIERA

El Servicio de Salud del Principado tiene en pie de guerra a buena parte de las plantillas de los centros sanitarios concertados de la región, lo que incluye los gijoneses de Jove y Cruz Roja. Y todo a cuenta de una vieja polémica que parecía ya superada: la puntuación de los servicios prestados según sea trabajo realizado en centros sanitarios públicos o en centros concertados.

Tras numerosas sentencias judiciales en contra, que llegaron incluso al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la anterior administración sanitaria socialista asturiana se vio obligada a reconocer que esa puntuación, de cara a los baremos aplicados en los procesos de contratación, debía ser igual para los trabajadores de la red pública que para los de los centros concertados que tienen convenios singulares con el Sespa. Pero una nueva resolución firmada el pasado 23 de diciembre por la gerencia del Sespa pone fin a esa igualdad.

Esos cambios fueron uno de los temas centrales de la reciente reunión de la Plataforma de Centros Concertados, que agrupa a los comités de empresa de los hospitales de Jove, Cruz Roja, Adaro, Avilés y el Centro de Transfusiones. Allí se acordó que a lo largo de la mañana de hoy se presentarán, a través de los representantes sindicales de cada centro, cientos de recursos de alzada firmados a título individual contra la reciente resolución del Sespa. «Como nos tememos que no van a hacer caso a los recursos, lo siguiente que haremos será iniciar la batalla judicial para no volver a ser perjudicados por una discriminación que no tiene ningún sentido», explicaron los portavoces de la plataforma. Entre los argumentos que siempre ha dado la Administración y los principales sindicatos para hacer esa diferencia entre aspirantes a una contratación está el hecho de que los centros concertados no tienen reglamento de contratación como el Sespa. «Estamos de acuerdo y por eso pedimos que en los convenios singulares que se firman con los concertados la Consejería puede exigir que se introduzcan esos reglamentos. Pero no podemos permitir que se nos discrimine de nuevo sin más», sostienen en los concertados.