Por el mal camino

MATÍAS CASTAÑO
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA (SUP) DE ASTURIAS La paz social y la pacífica convivencia se consiguen con un delicado equilibrio de dos caras de la misma moneda, por un lado los derechos y libertades civiles, y por otro, las medidas coercitivas y sanciones restrictivas que se imponen cuando se vulneran o se interfiere en esos derecho y libertades. Es en ese momento cuando la Policía debe actuar con firmeza. Por lo tanto, para lograr que la convivencia ciudadana sea pacífica, para todos y de todos, es fundamental establecer el máximo consenso posible de todos los ciudadanos y que ese consenso se configure como el vehículo sobre el que se construyen las libertades y se imponen restricciones a las mismas, regulando conjuntamente el presupuesto necesario para que la Policía actúe en nombre de todos para defender los derechos y libertades con igualdad. Sin privilegios ni favoritismos.

Desacertadamente se está excluyendo por parte de los responsables políticos del Ayuntamiento de Gijón a organizaciones que despliegan sus actuaciones y representan legítimamente los intereses de sus miembros en la ciudad y que resultan imprescindibles si se desea el consenso, coparticipación y corresponsabilidad real de los ciudadanos. La máxima aportación de opiniones y exposiciones de planteamientos son fundamentales para diseñar políticas públicas proactivas, válidas y para todos, sin exclusiones. A la exclusión, sin explicación alguna, del Sindicato Unificado de Policía en la comisión de seguimiento de la Junta Local de Seguridad, que manifestó su interés por participar dado que en materia de seguridad ciudadana los policías deben estar representados en sus derechos socioprofesionales, que pueden verse alterados, a la vez que es vital trasladar una realidad que las instituciones no van a hacer, se suma la exclusión de organizaciones juveniles con argumentos endebles.

Los responsables de la seguridad ciudadana de Gijón están trasladando a la opinión pública que tienen miedo a escuchar, que desean ocultar algo o prefieren no conocer la realidad social e institucional. Con gestos y decisiones de exclusión de organizaciones que pueden resultar poco cómodas, se están ignorando los derechos civiles de los ciudadanos, su defensa y la promoción de sus intereses, ya que los partidos políticos no son el único instrumento para participar en la vida pública y política. Se está promocionando malestar y se vislumbra el diseño de erróneas políticas públicas cortoplacistas, sectarias, recaudatorias y destinadas al fracaso.

Debemos añadir que las prohibiciones no suelen resolver las problemáticas; por el contrario muchas veces las agravan, y que a los gestores públicos se les requiere imaginación, empatía y capacidad de adaptación al entorno y la realidad social. Prohibir la prostitución, el «botellón» y la mendicidad no solucionará los problemas ni corregirá conductas, lo que hará será ocultarlos trasladándolos a otros lugares donde la ordenanza no despliegue su eficacia jurídica, e incluso generar efectos perniciosos ya que podrá provocar comportamientos de mayor gravedad, como podría resultar que la prostitución se focalice en pisos de difícil control policial, que el mendigo famélico comience a delinquir, que el «botellón» se traslade también a pisos, bajos o zonas de poco control policial...

Los ciudadanos de Gijón desean políticas que eduquen y fomenten conductas sociales de respeto a las personas, a la limpieza urbana, no que generen excesos de ruido, etcétera... ¿No sirven las ordenanzas actuales de limpieza, de ruido y de horario de los locales de ocio? ¿Por qué no se aplican con rigor? Es necesario dotar a la Policía de medios materiales y humanos suficientes para garantizar la pacífica convivencia y se le habiliten herramientas administrativas para el fin pretendido, a la vez que se promuevan los esfuerzos de generación de normas municipales en políticas de luchas contra el paro, la pobreza y la marginación. Imponer conductas y prohibir comportamientos es una pobre respuesta política que no necesita demasiada capacidad. Educar al ciudadano en conductas cívicas, hacerlo corresponsable y partícipe de las políticas municipales sí requiere más esfuerzo, conocimiento y ganas de hacerlo bien para todos, que es lo que precisamente requerimos los vecinos y trabajadores de Gijón a los dirigentes municipales. Deseamos una convivencia ciudadana pacífica, de todos y para todos. Desgraciadamente, parece que el camino seguido no es el más adecuado.