Pablo TUÑÓN

Se preveía una reunión acalorada, y así fue. El consejo del distrito Oeste se constituyó ayer y sus miembros, sobre todo los representantes vecinales, aprovecharon para mostrar su descontento al Ayuntamiento por la convocatoria del consejo con los presupuestos ya aprobados. El Consistorio estuvo representado por Manuel Arrieta, edil encargado de este consejo, así como por Pedro Barbillo, concejal de Participación Ciudadana, y Carmen Alsina, edil de Hacienda.

Hubo unanimidad entre los representantes vecinales en la queja central del día: la aprobación de las cuentas sin contar con los consejos. «Se llevaron sus reproches y se les dijeron las cosas que no se pueden consentir. No se puede manejar el consejo de distrito a capricho», explica Álvaro Tuero, presidente de la asociación vecinal «Atalía» del Natahoyo, que asegura que el debate «fue movido» en ese punto. Teresa Prada, de «Alfonso Camín» de La Calzada, dejó claro en la reunión que no les parecieron «las formas correctas» de convocarles.

El resto de representantes vecinales se manifestó en posturas similares. Desde la asociación «San Juan Bautista», por su parte, recalcaron la utilidad de los consejos de distrito «para transmitir de forma directa al Ayuntamiento las necesidades y aspiraciones como barrio, y para ser conocedores de las reivindicaciones del resto de entidades» de la zona oeste. «Entendemos sus explicaciones y aceptamos sus disculpas, pero les hemos instado a que no se vuelva a repetir», aseguran desde «San Juan Bautista».

En el consejo, Arrieta explicó a los presentes las inversiones previstas en los presupuestos para la zona oeste, que ascienden a más de dos millones de euros, de los cuales el grueso se va para el tratamiento de aguas en Veriña. «Pero la zona Oeste es más que Veriña», se queja Teresa Prada. Los representantes vecinales plantearon algunas necesidades de la zona en materia de instalaciones deportivas, problemas de contaminación o escuelas de 0 a 3 años.

Por su parte, Bloque por Asturies ha anunciado que presentará una reclamación, vía registro, contra el presupuesto municipal. Desde la formación entienden que los «procedimientos de participación ciudadana no son un mero formalismo, sino una obligación de carácter legal».