Prohibir la prostitución en el centro la llevaría a la periferia, dicen los expertos

Pablo TUÑÓN

La prohibición sólo desplazará los problemas a otros lugares. Ésta es una de las principales conclusiones a las que se llegó ayer en la tercera reunión de la comisión de seguimiento que debate sobre el borrador de ordenanza de convivencia ciudadana propuesto por Foro, que, de nuevo, supuso una crítica unánime al carácter eminentemente sancionador del documento. En este caso, cada grupo con representación en la mesa designó a un educador social que aportase su punto de vista, y todos ellos se mostraron en contra de la prohibición del «botellón». Sin embargo, por primera vez se abordaron otras de las cuestiones a las que hace referencia la ordenanza. En especial, la prostitución en la calle. Ninguno de los técnicos educativos propuestos por los grupos políticos municipales se mostraron partidarios de sancionar a meretriz y cliente que traten en espacios públicos.

«La prostitución en la calle no es un problema social en Gijón, no tratemos de crearlo», señaló María José Capellín, directora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social (EUTS), que acudió a la mesa invitada por el PSOE. En la misma tesitura se mostró Juan Ignacio González, también profesor de la EUTS, que asegura que «en Gijón no hay ninguna calle Montera». En su caso, acudió al debate a través de IU, mientras que Ana Navarrete, educadora social y técnica de drogodependencia del plan municipal de drogas de Morcín, Ribera y Riosa, fue la elegida por el PP. Ella tampoco cree que la prostitución en la calle requiera una solución tan drástica como las sanciones económicas, al igual que la mendicidad o el «botellón». «Las tres cosas tienen que ver con un problema de salud pública y no tanto de orden público, aunque sí pueden generar a veces molestias. No se puede atajar todo desde una perspectiva sancionadora, porque lo que haces es mover todo de lugar», señala.

Juan Ignacio González va más allá, y asegura que estas actividades, si se prohíben, se irán al extrarradio. «Cuando la persigues, se convierte en prostitución de polígono, y eso redunda en inseguridad para prostituta y cliente», afirma, y matiza que «otra cosa es perseguir la prostitución de adolescentes, que ha crecido en Gijón; pero ya hay una legislación que prohíbe eso». Precisamente la redundancia de algunas normas, ya tipificadas en las «leyes generales del Estado», es uno de los problemas que detecta Capellín en la ordenanza, que además resalta otro problema de «arbitrariedad». «La norma se aplicará o no a capricho, que no a criterio de cualquier autoridad competente». Especial preocupación le produce las multas por relaciones sexuales en espacios públicos. «¿Quién será el encargado de acercarse a las parejas para determinar si estaban teniendo relaciones sexuales o demostrando su afectividad?», se pregunta Capellín, que añade que «no sé por dónde pasean los miembros del gobierno, pero no creo que pretendan sugerir que en Gijón te vas tropezando por las calles con parejas manteniendo relaciones sexuales». Rafael Felgueroso, representante del Ayuntamiento en la comisión, le reprochó durante su intervención por ser ésta «muy política». Capellín le replicó: «La política social es eso, política», contestó. Y continuó el debate.

Tanto Juan Ignacio González como María José Capellín trasladaron el tema del «botellón» a un segundo plano, priorizando otras cuestiones como la prostitución o la mendicidad. También salió a relucir la prohibición de la propaganda en parabrisas o paredes. «En esta ciudad hay gente pobre, que tiene que pedir, y hay prostitución, y gente sin trabajo que tiene que anunciar sus servicios con pegatinas o carteles en la calle. Forma parte de la ciudad y no hay que darle la espalda», señala González. El borrador de la ordenanza no deja de recibir golpes.