La Audiencia obliga a un banco a devolver a una clienta 9.000 euros

A. RUBIERA

Casi 9.000 euros -sin contar las costas judiciales, que también las ha ganado- es el dinero que va a recuperar una mujer gijonesa, Mercedes Canal Toraño, a la que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Gijón acaba de considerar una afectada más por los productos financieros de alto riesgo. Productos, como los llamados «swap», que se comercializaron de una forma generalizada por muchas entidades bancarias de todo el país pese a ser altamente «complejos y en cierto modo especulativos», según reconoce el juez.

Los magistrados de la Sala gijonesa de la Audiencia se remiten a numerosas sentencias semejantes dictadas por ellos mismos en los últimos años en las que se condena a las entidades financieras a anular todos los efectos derivados de la suscripción de dichos productos, por determinarse que se hizo, como en este caso, «sin que se hubiese dado al cliente una información completa y adecuada sobre las características de la operación que concertaba y de los riesgos concretos que tenía; ni siquiera consta que el banco hubiera sometido a la demandante a algún tipo de cuestionario que pudiera informarle sobre el perfil de aquella como cliente», con el que se acreditase su capacitación para suscribir productos financieros de alto riesgo. Esa falta de información previa, el inadecuado perfil del cliente al que se le ofreció el producto y otras «graves omisiones de información al firmar el contrato» llevan a los Juzgadores a determinar que «se da un cúmulo de desinformación que se traduce en un vicio esencial de consentimiento».

Desde que recibió la sentencia de la Audiencia -previamente, en primera instancia perdió el juicio- Mercedes Canal está «eufórica». Como cliente particular de una sucursal gijonesa del Banco de Santander su batalla se remonta al año 2005, cuando se percató de que «lo que yo creía que era un supuesto seguro contra la subida de los tipos de interés de mi hipoteca», firmado unos meses antes, le había generado un cargo de 2.272,78 euros.

«Suscribí con el banco una hipoteca para comprar la casa y la tenía a interés variable. En el año 2004 empecé a agobiarme con ese tema, por si me subían mucho los intereses, y consulté en el banco si lo podía cambiar a interés fijo. Dijeron que lo iban a mirar y un día me llamaron para ofrecerme un seguro que me dijeron que era mejor opción que lo que yo pretendía, porque no había falta que gastase dinero en notarios para hacer el cambio de hipoteca, que con firmar un contrato ya estaba», explica Mercedes Canal. Fue así como acabó firmando un «swap», «confiando plenamente en lo que me ofrecían en mi banco», asegura. Menos de un año después de su firma ya le generó el primer gran cargo: 2.272 euros. «Cuando vi lo que me cobraban a final de año me asusté. No me lo esperaba y no me cuadraba. Así que pedí explicaciones en el banco y me dieron a entender que eso era lo que yo había firmado y que si lo quería cancelar me facturarían 12.000 euros», recuerda. No podía plantearse pagar ese dinero, así que sólo le quedó el recurso de protestar, cada año, cuando al llegar el último trimestre le entraba el cargo del citado «seguro»: 1.839 euros al año siguiente, luego 882 euros y así hasta los 2.800 que pagó en 2010.

«Pasaban los años y tenía la sensación de estar siendo engañada, pero no fue hasta el año 2008 cuando me decidí a poner fin. Tuve una avería muy grande en la cocina, no tenía cómo afrontarla y tuve que hacer una ampliación de la hipoteca. Cuando estaba en la notaría comenté que igual era el momento de que me revisasen lo del dichoso seguro, y allí me dijeron que eso no tenía nada que ver con la hipoteca». Eso puso la puntilla. Su relación con los portavoces del banco empeoró hasta extremos: «Me manifesté delante de la oficina principal, escribí una carta para decir que les denunciaría, hablé con cuantos se me pusieron a tiro», pero tuvo que acabar en los tribunales y, de la mano del abogado Marcelino Tamargo, ahora respira mucho más tranquila.