Los jueces dan vía libre a «La Plantona» tras más de década y media de pleitos

La planta de pretratamiento de aguas de El Pisón, situada en Somió, ya puede funcionar con total normalidad. Después de más de 17 años de pleitos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de cerrar la polémica en torno a la instalación con una sentencia fechada hace escasos días en la que los magistrados rechazan todos los argumentos de los vecinos de la zona, que se opusieron desde un primer momento a la puesta en marcha de «La Plantona» a escasos metros de sus viviendas.

Los jueces del TSJA rechazan, tal y como ya hicieran desde el Juzgado de lo contencioso-administrativo local de Gijón, el recurso presentado por los afectados contra la resolución de diciembre de 2008 del Ayuntamiento de Gijón en la que se autorizaba el funcionamiento de la planta de pretratamiento de aguas de El Pisón. Los magistrados debían decidir en esta ocasión si es legal o no la nueva licencia otorgada por el Consistorio, que se basaba en un cambio legislativo del Principado mediante el cual se eliminaba la necesaria distancia de dos kilómetros entre el núcleo de población y una actividad molesta, en este caso la planta de pretratamiento. En este sentido los magistrados aseguran que la regulación autonómica es correcta: «Se reconoce la competencia de las comunidades autónomas para legislar en la materia». Con el cambio normativo se estableció, según los jueces, un nuevo criterio medioambiental más acertado según el cual «no se trata tanto de alejar el foco contaminante, sino de que no contamine, con la aplicación en su caso de las pertinentes medidas correctoras».

Los miembros de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia tampoco aceptan que con la autorización para la planta de pretratamiento se hayan obviado los informes negativos que un perito judicial expuso en su día: «Los apelantes pretenden sustituir el criterio jurídico del juez por el del perito, que no es idóneo para ofrecer consideraciones o valoraciones estrictamente jurídicas, reservadas al juzgador, que es quien ha de concluir si el acto administrativo impugnado se ajusta o no a la legalidad». Ni el juez ni la Sala de lo Contencioso, concluyen, «albergan ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley del Principado».

El último de los motivos con el que los vecinos trataban de lograr una resolución judicial a su favor también es rechazado por el tribunal. A pesar de que los magistrados reconocen que tras la puesta en marcha de una actividad molesta un técnico municipal debe vigilar el correcto funcionamiento de las instalaciones, «tal omisión sólo afectaría a la puesta en marcha de la instalación, que podría considerarse clandestina con las consecuencias y actuaciones previstas en el propio reglamento, pero nunca afectaría a la validez de la licencia», que es precisamente el objeto de discusión en este procedimiento.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias rechaza, por tanto, el recurso interpuesto por la comunidad de propietarios de El Pisón contra la sentencia del Juzgado de Gijón. Contra este fallo judicial no cabe interponer recurso ordinario alguno, tal y como afirman los ponentes en su sentencia, en un proceso en el que los intereses del Ayuntamiento fueron defendidos por Raúl Bocanegra, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense.

Hace ya más de una década que los vecinos de El Pisón empezaron a pleitear contra la apertura de una estación de pretratamiento de agua en Somió. Durante todo este tiempo los demandantes consiguieron llegar a paralizar el proceso en el año 2006. Fue entonces cuando el Tribunal Superior de Justicia rechazaba el recurso contra el fallo judicial en el que se aseguraba que el proyecto no cumplía con la legislación vigente. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural volvió a conceder posteriormente la licencia de apertura a «La Plantona» basándose en el cambio legislativo conforme al cual ya no se tenía en cuenta que las actividades molestas debían separarse al menos dos kilómetros de los núcleos poblacionales de, en este caso, la parroquia gijonesa de Somió.

El gobierno local de Paz Fernández Felgueroso siempre defendió la idea de vertebrar el saneamiento de la ciudad con la puesta en marcha de una depuradora para la zona Este. Actualmente el proyecto ya está contratado, pero aún no han comenzado las obras. La instalación depende de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente. La obra cuenta con 36 millones de euros de presupuesto.