El Ayuntamiento cuantifica en 52 días el plazo medio de pago a sus proveedores

Gobierno y oposición en el Ayuntamiento de Gijón han recibido con tranquilidad las últimas órdenes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que buscan poner coto al impago de deudas de las administraciones locales con sus proveedores. Y es que Gijón presume desde hace tiempo de ser buen pagador. Una realidad que no se comparte en otros muchos municipios de España. El concejal de Desarrollo Económico, el forista Fernando Couto, justificaba estos días la tranquilidad del gobierno en el hecho de que «pagamos a 52 días. Afortunadamente, no tenemos problemas en este sentido». Una reflexión de tranquilidad que también compartía desde las filas del Grupo municipal Socialista Francisco Blanco, quien vinculaba esa capacidad de pago a la buena gestión económica de los anteriores gobiernos locales.

Alrededor de 50 días es la media que se ha mantenido a lo largo del año 2011. Esa cifra supone que Gijón está al tanto de las obligaciones que se impusieron a los ayuntamientos en la ley de morosidad que entró en vigor a mediados del año 2010. Entonces, y en referencia a las administraciones públicas, se planteó fijar el tope temporal de pagos a 50 días en 2011, a 45 en 2012 y a 30 en 2013. En el momento de entrada en vigor de esa nueva ley de morosidad, el Ayuntamiento de Gijón pagaba sus facturas en 62 días, frente a la media nacional de las administraciones locales, que estaba en 240 días. En poco más de un año se ha conseguido una rebaja de diez días en la media de pago a los proveedores locales.

La agudización de la situación de crisis económica ha convertido los impagos de las administraciones públicas en un verdadero problema para la pervivencia de las empresas. Por ello, el Ministerio de Hacienda ha impuesto a los ayuntamientos que antes del 15 de marzo le remitan -por vía telemática- una relación de todas las obligaciones pendientes de pago donde conste la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte del contratista para su cobro. Tras recibir toda esa información, el Ministerio diseñará un mecanismo de financiación.