R. V.
A la desesperada salieron ayer a la calle padres y tutores de Apta para buscar apoyos políticos que puedan impedir que hoy 153 trabajadores de este centro especial de empleo pierdan su trabajo. Un grupo de padres se reunió por la mañana con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y por la tarde consiguió una cita con el viceconsejero de Relaciones Institucionales del Gobierno del Principado de Asturias, José Portilla González.
Su intención era llevar directamente a las administraciones su rechazo al acuerdo laboral alcanzado por parte del comité de empresa con la Fundación Once, que a través de Fundosa es la actual gestora del centro de empleo que en su momento crearon los padres de ex alumnos del Sanatorio Marítimo. El acuerdo supone, denuncian estos padres, «el despido de 151 trabajadores, 103 por extinción de contrato y los 48 restantes en un ERE de un año. Hemos intentado que llegue al conocimiento de todos la absoluta realidad de este despido y la total indefensión y desamparo en el que nos encontramos todos los familiares, padres y tutores de estos trabajadores».
A la firma del acuerdo previsto esta mañana dan su apoyo los representantes de CC OO y UGT, que suman diez miembros en el comité de empresa frente a los tres votos negativos de los integrantes de CSI y USO. Esos 151 trabajadores suponen una parte más que sustancial de los 340 trabajadores de Apta, de los que un 80% padece algún tipo de discapacidad intelectual. Una realidad que limita de manera grave su capacidad de incorporación al mercado laboral, y más en estos tiempos de crisis y máximos niveles de desempleo.
