C. JIMÉNEZ/ J. L. ARGÜELLES
Preocupación y rechazo. Son las dos palabras que más se escucharon ayer, ante el planteamiento financiero de la Autoridad Portuaria de Gijón, que pretende subir las tasas de El Musel hasta un 30 por ciento para paliar el déficit de 16 millones del ejercicio de 2011. Una propuesta que aún debe aprobar el consejo de administración de la gran terminal marítima asturiana, donde Foro tiene mayoría, pero que aúna ya las críticas de PP, PSOE e IU por considerar que pone en peligro el futuro del entramado industrial asturiano.
Mientras el presidente de El Musel, Emilio Menéndez, afirmó ayer que la decisión aún no ha sido tomada, aunque sin descartar que el consejo de administración del puerto vaya a aprobar próximamente ese incremento de tasas, la presidenta del PP de Asturias y candidata a la Presidencia del Principado, Mercedes Fernández, manifestó que ve con «preocupación» la revisión al alza de las tarifas portuarias. «Puede traer un desplazamiento de las empresas que no queremos ni deseamos», manifestó. En similares términos se expresaron el portavoz municipal del PSOE, Santiago Martínez Argüelles, y el de IU, Jorge Espina. Éste pidió a la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, que reúna con urgencia a los grupos municipales para que la Corporación fije una posición común.
El temor a que un incremento de los precios portuarios tenga graves repercusiones sobre la economía asturiana está ahí. Es la llamada de atención que hizo ayer, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Transportes y Aparcamientos de Asturias (Asetra), Ovidio de la Roza. Esa subida sólo aportará, a su juicio, una pérdida de competitividad en un momento en el que, por el contrario, el puerto debería centrar su esfuerzo en una estrategia de captación de tráficos mucho más agresiva. Para el dirigente de Asetra, ese aumento «castigará muchísimo a los usuarios del Puerto y a las empresas asturianas».
La ley de Puertos obliga a las dársenas estatales, entre las que se incluye El Musel, a ceñirse al principio de autosuficiencia financiera. El conjunto del sistema portuario español está obligado a tener una rentabilidad anual del 2,5 por ciento, aunque introduce coeficientes correctores que afectan a los costes de las operaciones para introducir un principio de competencia entre las distintas terminales. Tal como destapó LA NUEVA ESPAÑA el pasado viernes, la Autoridad Portuaria de Gijón ha optado por hacer caso omiso de una directiva del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para diferir las pérdidas de 2011, lo que evitaría la subida de tasas.
