R. V.

«Al menos que nos diga cuál es su opinión, porque llevamos más de quince días al borde del abismo y no le hemos oído decir ni mu». Jorge Espina, portavoz de IU-Los Verdes, justificaba con estas palabras su decisión de preguntar en el Pleno del próximo viernes a la alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, por la situación que se vive en la factoría gijonesa de Arcelor. Espina entiende que el gobierno de Foro no se puede escudar en el hecho de que se trata de una decisión empresarial para desentenderse de la realidad de una factoría básica en la actividad económica gijonesa y «el mayor empleador de la ciudad».

Para Espina es más que criticable que «dejen la responsabilidad a los sindicatos, esos mismos a los que luego llaman pancarteros, de sacar las castañas del fuego en la negociación» y exige de la Alcaldesa «que vaya más allá del chascarrillo y la reflexión menor. Su papel es reunirse con el presidente del Principado para exigirle que se siente con el Ministro a hablar de este tema».

Espina presentaba esta iniciativa plenaria de su grupo sólo unos minutos antes de que la portavoz del PP, Pilar Fernández Pardo, hiciera lo propio con un ruego destinado a que las empresas municipales sigan el camino marcado por el Ayuntamiento hace unos días de publicitar sus contratos menores. La petición del PP afectaría a contratos de una cuantía inferior a los 50.000 euros y supondría eliminar una instrucción de trabajo interna aprobada en 2008 por el anterior gobierno socialista que permitía contratación «sin publicidad ni concurrencia».

Fernández Pardo entiende que «la buena gestión del dinero público exige transparencia, igualdad, publicidad, concurrencia y no discriminación en la adjudicación de los contratos». Y a partir de esas premisas fue tan crítica con la actuación del anterior gobierno del PSOE como con el hecho de que el actual equipo de Foro no hubiera cambiado ya esa dinámica, que sirvió por ejemplo al edil Fernando Couto para contratar los informes de gestión de la Empresa Municipal de Aguas, el Jardín Botánico, el teatro Jovellanos o la Agencia Local de la Energía. El informe de EMA costó 48.000 euros.

Ambas propuestas fueron tramitadas en la Junta de Portavoces de ayer, donde el rechazo del PP dio al traste con la idea del Grupo municipal Socialista de conseguir del Pleno la aprobación de una declaración institucional contraria a la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Los portavoces ni siquiera llegaron a debatir el fondo de la cuestión ya que estas iniciativas exigen el acuerdo de todos los partidos.