R. VALLE
El PSOE utilizará esta mañana la fórmula de la moción de urgencia para intentar alcanzar en el Pleno una mayoría política que impida la entrada en vigor, el próximo día 17, del nuevo pliego de condiciones diseñado por el gobierno de Foro Asturias, y más en concreto por la concejalía de Urbanismo que lidera Lucía García Serrano, para la concesión de subvenciones a las comunidades de vecinos que asuman obras de rehabilitación de fachadas o eliminación de barreras arquitectónicas. La concejala socialista Begoña Fernández registraba ayer esta iniciativa, que cuenta, a priori, con dos puntos a favor para que salga adelante: las críticas que todos los grupos de la oposición han venido haciendo desde hace semanas al documento forista y el antecedente de éxito que en el anterior Pleno tuvo una moción de urgencia del mismo partido sobre la convocatoria del consejo escolar, al ser apoyado por PP e IU-Los Verdes.
La petición socialista al gobierno de FAC alcanza tanto aspectos técnicos como económicos. En el primer caso se buscan cambios en las bases, que, por un lado, flexibilicen las posibilidades de acceso a ayudas públicas de las comunidades vecinales que en su fachada tenga elementos fuera de ordenación, y, por otro, recuperen la opción de tener subvenciones también para rehabilitaciones parciales.
El segundo punto de la moción busca comprometer al equipo de gobierno para que, tras la liquidación de las cuentas del año 2011, destine de manera prioritaria el remanente de Tesorería no afectado a estos programas de ayudas que llevan funcionando desde 1996. El presupuesto actual registra una cuantía de 2,8 millones de euros en este capítulo, pero se trata de un dinero que ya está comprometido con anualidades de obras aprobadas en años anteriores. De hecho, en el área de Urbanismo hay proyectos ya aprobados y pendientes de financiación por una cuantía total de 6 millones de euros. A lo largo de los últimos años estos planes municipales han alcanzado 1.900 fachadas y 1.300 obras de instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas, con una inversión pública de 70 millones que, al sumar la aportación privada, eleva entre 150 y 200 millones el dinero que se ha movido entre empresas por esta actividad.
La trascendencia de estas ayudas para mantener, en estos tiempos de crisis y desempleo, la actividad de un sector en el que trabajan alrededor de 370 personas en la ciudad a través de firmas locales y de pequeño o mediano tamaño es uno de los argumentos que viene usando el PSOE para reivindicar la ampliación de recursos que se transfieren desde el Ayuntamiento hasta las comunidades de vecinos.
