R. VALLE
«No nos preguntaron y luego pasa lo que pasa», advertía el concejal popular Pablo Fernández al gobierno de Foro Asturias al explicar el desacuerdo de su partido con las nuevas bases del programa municipal de ayudas a la rehabilitación de fachadas y eliminación de barreras arquitectónicas impulsadas en solitario por el equipo de gobierno. Y pasó. La abstención de los ediles del PP dejó en evidencia la minoría forista en el Pleno permitiendo que el PSOE, que sumó los votos de IU-Los Verdes (sólo dos ante la ausencia por motivos laborales de Libertad González), sacara adelante una moción que obliga a modificar las actuales bases de la convocatoria del programa, aprobadas en Junta de Gobierno y que deberían entrar en vigor el próximo día 17.
Un golpe directo al equipo de gobierno que le toca encajar a la concejala de Urbanismo, Lucía García Serrano, ya que el Pleno impone a Foro un acuerdo político que ahora debe ejecutarse a través de las comisiones pertinentes.
De hecho, la moción del PSOE plantea ajustes en dos niveles: uno técnico y otro económico. En el primer caso, la moción de Begoña Fernández establece que, antes de la entrada en vigor de las nuevas bases, se flexibilice el tratamiento que se da a los elementos fuera de ordenación y que se reincorpore al programa la opción de rehabilitaciones parciales de fachadas. El PSOE entiende que Foro castiga sin ayudas a las comunidades sólo porque un vecino tenga en su fachada un elemento ilegal cuando se pueden ofrecer fórmulas que pueda acabar con esa ilegalidad sin castigar a todo el vecindario. La justificación de FAC es que se debe primar a las comunidades que tienen su situación reglada frente a las que tienen ilegalidades.
El aspecto económico se concreta en la exigencia desde el PSOE de un compromiso para que, cuando se liquiden las cuentas del año pasado, se dedique de manera prioritaria al plan de fachadas y ascensores todo el remanente de tesorería. Ahora mismo hay una reserva de 2,8 millones que sólo sirve para cumplir con anualidades pendientes y proyectos ya aprobados, pero sin subvención, por seis millones.
Los tres grupos políticos de la oposición aseguran que el nuevo plan no gusta ni a los partidos, ni a los vecinos, ni a las empresas del sector. Un elemento crucial para el PSOE que siempre ha defendido la capacidad generadora de empleo de estos programas.
Lucía García Serrano aprovechó una pregunta del PP para concretar líneas de su revisión del Plan General de Ordenación (PGO). Colocando como antecedente que esta revisión no supondrá una suspensión de la concesión de licencias, al no haberse cumplido todavía cinco años desde la anterior, «por lo que el sector no sufrirá ningún parón. Entre las ideas de la edil de Urbanismo están un control riguroso de los nuevos suelos residenciales, un plan de recuperación de la fachada marítima, rebajar a 1.500 metros cuadrados la parcela mínima para construir y a 300 la edificabilidad en núcleo rural, la ampliación del Parque Científico en los límites de la avenida de la Pecuaria, la revisión del coeficiente edificatorio en fichas como la de Gijón Fabril y la posibilidad en polígonos de hacer naves de 200 o 250 metros cuadrados donde ahora se imponen de 500 o 1.000. El PP, por su parte, denuncia la caída de la construcción. Un dato: de la media anual de 1.800 licencias de obra mayor se pasó a 144 el año pasado.
