R. VALLE

Una reciente sentencia judicial garantiza al Ayuntamiento de Gijón una indemnización de 9.662.240 euros por los perjuicios generados a la Administración local en el proceso de venta de la denominada finca de Xicu Piñera, que se integra en el polémico plan residencial de Cabueñes. El resultado del pleito fue anunciado en el propio Pleno por la edil de Urbanismo, Lucía García Serrano, en un agrio debate con el edil popular Pablo Fernández, que exige del gobierno que revise este plan, y ratificado después por la concejala de Hacienda, Carmen Alsina. En cualquier caso, la sentencia no afecta a la titularidad de la propiedad. Un elemento que se investigaba desde la Plataforma Contra el Muro de Cabueñes como nueva vía de ataque al proyecto.

El Ayuntamiento quiso comprar esa finca, pero la familia arrendataria ejerció su derecho de tanteo y se quedó con ella. El problema es que incumplieron los plazos legales que les impedían vender a un tercero antes de que pasaran nueve años. El Ayuntamiento se consideró perjudicado al enterarse de esa situación y el juez, ahora, le da la razón y una compensación económica. La sentencia es firme y los afectados -la arrendataria y la empresa compradora- están en el plazo de pago voluntario de 20 días. Los hechos se remontan a 2007, cuando la propietaria llegó a acuerdos de venta con Aguas de Panticosa. La propiedad pasó luego a Nozar y más tarde a la promotora Beyos y Ponga, que la tiene desde agosto de 2008.

El plan de Cabueñes fue motivo de un duro enfrentamiento entre el popular Fernández y la forista García en el que acabó interviniendo la propia alcaldesa, Carmen Moriyón, ante las alusiones personales.

«Usted cuando era una cirujana de prestigio firmó contra el Muro de Cabueñes y ahora que está en sus manos corregir esos errores no lo cambia», le reprochó Fernández. «Firmé y volvería a hacerlo. Nosotros no engañamos a nadie y les dijimos a los vecinos que estaba mal planteado, pero ahora debemos seguir la norma. Es imposible dar marcha atrás», indicó Moriyón. Foro defiende que es su obligación tramitar el plan urbanístico para evitar que el Ayuntamiento tenga que hacer frente a responsabilidad patrimonial ante los promotores.

R. V.

El PSOE ha decidido llevar ante los tribunales a Carmen Moriyón por vulnerar sus derechos al vetar, por segunda vez, la incorporación al Pleno de una iniciativa socialista tendente a reprobar a la edil de Urbanismo, Lucía García Serrano, por no acatar la orden plenaria de modificar las bases del plan de subvenciones a la rehabilitación de fachadas y eliminación de barreras arquitectónicas. El PSOE presentó primero una proposición no normativa, que Moriyón no aceptó en la Junta de Portavoces del martes. El siguiente movimiento fue registrar una moción de urgencia con la misma finalidad. Moriyón, en una reunión urgente de portavoces minutos antes de comenzar el Pleno, volvió a rechazar incorporarla a la sesión. «De manera arbitraria y sin ningún argumento jurídico», explicaba ayer la socialista Begoña Fernández.

Éste es el tercer recurso a los tribunales del PSOE, que también ha recurrido a esta vía cuando la Alcaldesa no incluyó pedir permiso al Pleno para compatibilizar su actividad municipal con su labor como cirujana y por la falta de proporcionalidad en el reparto de las liberaciones en los grupos municipales.

Además, y como ya habían anunciado, el PSOE pondrá en marcha un mecanismo para que el Pleno retire a la Junta de Gobierno las competencias para la convocatoria (que no concesión) de las ayudas públicas. Se intenta así favorecer el control del órgano donde están representados todos los partidos políticos sobre una junta donde sólo tiene presencia Foro, que pese a gobernar no tiene la mayoría.