Sin culinos al aire libre

«Esto es caciquismo puro y duro». Así de indignado se mostraba ayer Genaro Cecilio Pérez al ver que la Policía Local obligaba al desmantelamiento de la terraza de su sidrería, El Candasu. El Ayuntamiento ordenó el cierre de la misma al entender que no cumple con la normativa, algo que niegan rotundamente Pérez y su pareja, y titular del negocio, Isabel Sánchez. De hecho, la terraza obtuvo el visto bueno del Consistorio en octubre del año pasado, cuando recibieron el permiso para su explotación, una vez entrada en vigor la nueva ordenanza de terrazas.

«Tengo derecho a tener terraza. Pero si hay alguien en mi contra, no puedo enfrentarme al caciquismo», manifestaba ayer Cecilio Pérez. La sorpresa les llegó cuando el 26 de marzo fueron a renovar la licencia, habiendo realizado meses antes las reformas que les había requerido el Ayuntamiento. Les denegaron la renovación y, al poco, les anunciaron que debían desmantelarla, sin sanciones ni avisos de por medio, algo que les extraña. Aseguran que la pasada semana les dieron cinco días para quitarla y tres para recurrir, algo que han hecho. «Según el notario no pueden quitarme la terraza mientras no contesten al recurso», explica Pérez. Sin embargo, todavía no les han respondido y, terminados los cinco días, la Policía Local, junto con los Bomberos y operarios de Emulsa, acudieron ayer para el desmantelamiento forzoso de la instalación, algo que, tras más de una hora de confusión y algún momento tenso, no llegaron a efectuar, obligando sólo a la retirada de mesas y sillas y dejando instaladas las mamparas y toldos, que supuestamente retirarán hoy los funcionarios municipales.

A los dueños del negocio les llama la atención algunos motivos alegados por el Ayuntamiento, que razona que la instalación es ilegalizable «por encontrarse adosada a la fachada». Paradójicamente, la licencia que les concedieron en octubre es «para 15 mesas adosadas a la fachada». Asimismo, la notificación de cierre alega otros motivos como que las mamparas debieran estar instaladas «en dos de los laterales con una altura máxima de 1,50 metros». Los propietarios, sin embargo, replican que cumplen con ello tras las reformas que realizaron hace meses, en las que invirtieron 40.000 euros. Ahora, esa inversión se va al garete y afirman que tendrán que despedir a cuatro de sus 17 trabajadores, que también dejaron patente su descontento por el cierre forzoso de la terraza. «Algunos tienen hijos. Da pena tener que echar a gente que lleva aquí años», expresa Pérez.