El Ayuntamiento afronta 12 intervenciones al mes por desprendimientos en edificios

El Ayuntamiento hace frente cada mes a una media de 12,3 incidencias en el parque de vivienda de la ciudad a causa de desprendimientos de cascotes, cornisas u otros elementos que conforman los edificios. La cifra forma parte de un reciente informe sobre la acción del área municipal de Urbanismo, que hace referencia al semestre que va de julio de 2011 a enero de 2012, y ha servido de base al concejal popular Pablo Fernández para urgir la necesidad de poner en marcha por motivos de seguridad la denominada inspección técnica de edificios, que quedó pendiente en el anterior mandato municipal. «No queremos ser alarmistas, sino previsores, y los datos hablan por sí solos», sentenciaba ayer Fernández al poner sobre la mesa ese informe en el que se contabilizan 74 órdenes de ejecución del Ayuntamiento hacia entidades, empresas y comunidades de propietarios por problemas de seguridad en los inmuebles. Fundamentalmente, desprendimientos de cascotes o cornisas, tejados en mal estado, fachadas con serios problemas de conservación, caída de cristales a la vía pública...

Fernández entiende que el Ayuntamiento, ahora bajo el gobierno de Foro Asturias, no puede seguir dejando a la buena suerte la seguridad en la vía pública, motivada por problemas en el estado de conservación de los edificios. El edil popular recordó, por ejemplo, cómo la caída de un inmueble en la céntrica calle de Los Moros se saldó sin heridos porque ocurrió en la madrugada de un día laborable o que un incidente similar en un viejo edificio de la calle de Vicente Jove, en El Natahoyo, sólo afectó a dos vehículos ya que la casualidad hizo que ningún peatón pasara por esa acera en el momento del desprendimiento. «Volvemos a solicitar, ya lo hicimos con el anterior gobierno, pero quedó aparcado por el Plan General de Ordenación, que se pongan a trabajar en la inspección técnica de edificios antes de que acabe pasando algo grave», indicaba el edil popular, que, además, es el presidente de la Comisión municipal de Urbanismo. Un reciente estudio de la consultoría Cité cuantificó en 13.368 los edificios en Gijón que superan los 35 años de antigüedad, de ellos 6.399 ya tienen más de medio siglo. El gobierno local debería establecer en su normativa las condiciones de antigüedad de los edificios a los que se impusiera esa inspección técnica de seguridad y el calendario de ejecución de ese proceso de control.

Pero Pablo Fernández no se limitó ayer a urgir la puesta en marcha de la normativa municipal que haga realidad esa ITV de viviendas. También planteó la necesidad de que el ejecutivo local habilite una línea de subvenciones que faciliten a las comunidades vecinales hacer frente a las obras que les imponga esa inspección técnica. «Y que pueden ser tan importantes como la rehabilitación de una fachada», indicaba el edil en referencia a la actual convocatoria de subvenciones. De hecho, el PP mantiene su interés en modificar las bases de ese plan municipal de ayudas para que vaya más allá de las fachadas y favorecer que también se pueda subvencionar a aquellas comunidades de vecinos que quieran arreglar los tejados de sus viviendas.