La negativa de Foro impide la entrada de los vecinos a la comisión sobre Cabueñes

Estaban invitados, pero al final no pudieron entrar. La negativa del gobierno municipal impidió que los vecinos de Cabueñes pudiesen acceder ayer como oyentes a la Comisión de Urbanismo en la que iba a explicarse el plan para construir 600 pisos en su parroquia. Foro Asturias fue el único grupo político en poner objeciones a la presencia vecinal, lo que fue interpretado por el PP como «una falta de transparencia que no es lo que prometieron en su programa electoral».

La llamada Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes perdía así la oportunidad de conocer las características de un proyecto que ha sufrido variaciones con respecto a la previsión inicial y que transformará 253.000 metros cuadrados de suelo. Las malas impresiones del Partido Popular no se limitan a cuestiones de forma, sino que tienen que ver también con los aspectos técnicos de la actuación.

«Entendemos que hay planos contradictorios. Dicen que se va a rebajar la cota del terreno, pero eso no aparece en la documentación que saldrá a información pública», expuso el concejal Pablo Fernández al término de la comisión. «Si no se reflejan las secciones longitudinales de la urbanización ni la viabilidad de los movimientos de tierra tan exagerados que pretenden llevar a cabo, el plan queda cojo», apostilló.

Esta apreciación es «sólo un avance», ya que «resulta muy difícil de explicar sin planos en la mano». Esos planos, junto con el resto de la documentación del plan de Cabueñes, no se dará a conocer públicamente hasta el período de alegaciones. Esta fase del procedimiento llegará una vez que la Junta de Gobierno de su visto bueno al proyecto. «La gente debería poder ver las condiciones reales de la actuación y no unos documentos que, según parece, van a cambiar», insiste el PP, que siempre se ha mostrado receloso de una operación urbanística que ha tenido que superar varios frentes legales.

También Foro era crítico con la operación. Pero ahora lo aprueba para evitar posibles reclamaciones patrimoniales por parte de los promotores que controlan esta unidad de actuación, donde el Ayuntamiento tiene el 10 por ciento del suelo.