R. V.
Rafael Felgueroso, presidente del consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa), dejaba ayer en manos de los consejeros convocados a una reunión este viernes la decisión final sobre el posible inicio de acciones judiciales para anular el contrato de arrendamiento de las cocheras con la empresa Jesús Martínez. Lo que no dejó para el viernes el edil forista fue la contestación a su antecesor en la presidencia de la empresa, el socialista Santiago Martínez Argüelles, sobre la total legalidad del proceso de contratación. «Si tan impecable fue todo, ¿por qué al consejo de administración no se le informó de la oferta tal y como después se plasmó en un documento privado y la escritura pública?», se preguntaba ayer el edil en voz alta.
Felgueroso mantiene que la aplicación de una subida anual del IPC durante treinta años al contrato de arrendamiento inicial que aparece en el documento en vigor no está presente en el pliego de condiciones al que se dio el visto bueno en el consejo de administración. «El consejo decidió sobre una propuesta distinta a la que se firmó», reiteró Felgueroso. Esa discrepancia sería la base para la petición de declaración de nulidad del contrato firmado en 2007 si así lo deciden los consejeros de Emtusa, que también tienen la opción de plantear posibles responsabilidades civiles y penales a quienes en su momento administraban la sociedad.
Esta subida del IPC año tras año hace que el importe inicial de 1,7 millones por alquiler del edificio y los contratos de limpieza y mantenimiento acabe generando, según datos de Foro, un coste de 84 millones en tres décadas.
