M. C.
La sentencia que dicte el tribunal madrileño sólo anulará o validará la autorización del Ministerio de Industria para la regasificadora de El Musel. En el caso de que la anule, Equo solicitará el desmantelamiento de la planta en la ejecución de sentencia. Es algo, por tanto, que esperan conseguir, pero que no será automático. En el caso de que se anule la autorización pero el tribunal no obligue a su desmantelamiento, «pueden convertir la regasificadora en un parque temático», ironizan desde el partido ecologista, dado que sería una instalación que no podría llegar a entrar en funcionamiento. De momento, el propio Gobierno la ha «hibernado» de manera indefinida.
Sobre la conveniencia de su desmantelamiento, si los tribunales les dan la razón, los ecologistas argumentan que sería una instalación inútil ocupando parte de los nuevos terrenos portuarios. Desde el inicio de las obras, la Autoridad Portuaria está cobrando un canon anual de tres millones de euros a Enagás, pero no recibirá ingresos adicionales al no generar tráficos mientras no entre en servicio.
La inversión que culminará a finales de 2012 Enagás, cuando concluya la obra de la planta, asciende a unos 380 millones de euros. El Estado pagará a la empresa gasista una cantidad anual para que amortice esa inversión aunque la misma nunca llegue a entrar en funcionamiento. Esta última cuestión quedaría también en entredicho en el caso de que el tribunal madrileño diera la razón a Equo. Enagás tendría entonces que pleitear contra el Ministerio de Industria para reclamarle una compensación económica basada en la autorización para construir la planta, aunque fuera revocada por los tribunales, explican fuentes jurídicas.
