F. G. / M. C. / M. MARTÍNEZ

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ha puesto en cuestión la forma en la que se adjudicaron las obras de ampliación de El Musel a la UTE Dique Torres. Lo hizo el pasado miércoles durante un encuentro con periodistas de medios de comunicación especializados en información portuaria, en el que dijo que «la Comisión Europea tendrá que investigar cómo se han adjudicado las obras», sin querer abundar más de lo debido a que Dique Torres está reclamando por vía judicial el pago de otros 350 millones de euros, aparte de los 709,1 millones en los que la Autoridad Portuaria de Gijón liquidó la obra.

La Comisión Europea ya está en esa línea, tal como reflejan informes de la Dirección General de Mercado Interior que desveló este diario en 2009, en los que considera que la Autoridad Portuaria de Gijón favoreció a Dique Torres frente a otros licitadores al incluir en una de las cláusulas del concurso de las obras la obligatoriedad de usar la cantera de Aboño, de la que Sato (una de las empresas integrantes de Dique Torres) era copropietaria. Lo relevante de las declaraciones de Llorca es que Puertos del Estado se posicione en la misma línea de la Comisión Europea y cuestione la limpieza de la contratación de las obras. El actual presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Emilio Menéndez, también aludió el pasado martes a la «grave intromisión del expediente contractual» al incluirse la citada cláusula sobre la cantera de Aboño en el pliego de condiciones de la obra.

En el encuentro con los medios especializados, Llorca puso la obra de ampliación de El Musel como ejemplo de gestión «nefasta» y dijo que «no es presentable que una obra tenga una desviación presupuestaria de 250 millones de euros, una modificación del 40%». Agregó que «ha habido desde mi punto de vista un descontrol generalizado» en El Musel con «el lío de las canteras».

Según los citados medios especializados, Llorca llegó a decir que al ritmo de ingresos actuales, la Autoridad Portuaria de Gijón tardará «300 años» en pagar la deuda de 465 millones de euros que le ha generado la obra de ampliación. Fuentes de Puertos del Estado matizaron que ésas no fueron palabras de Llorca, sino el cálculo hecho por uno de los asistentes al encuentro en base a los resultados económicos de El Musel. En 2011 el Puerto generó 1,5 millones de euros de recursos, mientras que tuvo que pagar 16 millones por intereses de la deuda, que comenzará a amortizar en 2012.

José Llorca añadió que El Musel tendrá que generar recursos para reducir su deuda y que eso pasa por regularizar sus concesiones y por privatizar EBHISA, algo en lo que va a tomar las riendas Puertos del Estado. Llorca mantendrá el viernes una reunión con el director de Arcelor-Mittal en Asturias y con el presidente de la Autoridad Portuaria «para acelerar la privatización» de EBHISA, de la que Arcelor es su principal cliente. Además, Llorca no descarta «renegociar la deuda» de El Musel, que es junto a Valencia el puerto de España con deuda más alta, «pero en el caso de Valencia tiene recursos para pagar».

El presidente de Puertos del Estado recordó que tanto El Musel como el puerto de La Coruña tienen un convenio de «normalización de la deuda» con Puertos del Estado, que les concedió sendos préstamos para poder costear sus obras y añadió que «la intervención de Gijón puede incluso ser más directa, siempre que lo pida el puerto». Llorca insistió en que El Musel presentó beneficios «ficticios» durante la ejecución de la obra por cuestiones puramente contables. En el citado encuentro del miércoles, Llorca también se mostró favorable a «periodificar» en siete años el plazo para amortizar los diques en las obras portuarias. La normativa contable actual obliga a amortizar estos diques en cuento se entrega la obra, lo que ha llevado al incremento de un 30% de las tasas de El Musel.

A preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, Llorca desveló que ya ha mantenido varias conversaciones con la cúpula de Arcelor-Mittal, con la que se reunirá el próximo viernes. Será el principio de un plan elaborado por Puertos del Estado con el que pretende sacar adelante un acuerdo para la competitividad de El Musel, y para el que confía en contar con la implicación y participación de las empresas privadas. «Hay que buscar fórmulas para aprovechar la ampliación. Se trata de salvar al puerto», afirmó Llorca a este periódico.

Insistió en que la subida del 30% en las tasas se traducen en la realidad en el 5% o 6%, porque hay que aplicar el incremento sólo sobre el 15 o el 20% que las tasas portuarias suponen en el conjunto de los costes de escala. «El 80% de los costes del paso de mercancías por el puerto están en manos privadas», incidió e hizo un llamamiento a que los operadores portuarios rebajen su margen de beneficios evitando repercutir la subida de las tasas a los clientes.

Llorca añadió que «subir tasas no significa pérdida de competitividad». Y puso como ejemplo el Puerto de Avilés, que durante los últimos años ha tenido tasas un 20% superiores a las de El Musel, hizo obras, tiene otras previstas y pese a todo ha podido crecer en tráficos.

Llorca defendió las obras de ampliación de El Musel, «porque eran necesarias y porque había que aprovechar las fondos europeos para hacerlas. El esquema financiero era sostenible, el problema fue la gestión de la obra».

Respecto a los beneficios que presentó El Musel en los últimos años, el presidente de Puerto del Estado indicó que «las cuentas no eran ilegales, pero se basaban sólo en apuntes contables, y enmascaraban una situación insostenible».