R. VALLE
La Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) dejará de pagar a partir de mayo a la empresa Jesús Martínez la cantidad correspondiente a la actualización del índice de precios al consumo (IPC) en el contrato de arrendamiento de las cocheras de Emtusa en Tremañes. Ésa fue la decisión tomada ayer por mayoría en el consejo de administración de Emtusa, que preside el edil forista Rafael Felgueroso. A favor de esa decisión se posicionaron los consejeros de FAC, PP y Comisiones Obreras y en contra los representantes de UGT y el movimiento vecinal. Ni PSOE ni IU forman parte de este consejo de administración.
La mayoría del consejo da por bueno el alquiler anual de 1.777.071 euros que se planteaba en el contrato inicial de enero de 2007 y basa su decisión de suspender el pago de la actualización del IPC en el hecho de que ese dato no se incluyó ni en el pliego de condiciones ni en la información facilitada a los consejeros en su momento. La actualización del IPC sí se incorporó al contrato firmado con la entidad Jesús Martínez por el anterior presidente de Emtusa, el socialista Santiago Martínez Argüelles, que siempre ha defendido la legalidad de la operación y el hecho de que la actualización de los precios «es una obligación que se deriva de la legislación aplicable». Las explicaciones de Martínez Argüelles se hicieron llegar ayer a todos los consejeros de Emtusa a través de la copia de una carta que el ex presidente envió a su sucesor para su difusión antes del debate.
Ahora mismo, y con esa actualización del IPC acumulada, la anualidad de 2012 a la que tenía que hacer frente Emtusa por el alquiler del edificio de Tremañes y los servicios de mantenimiento y limpieza de las instalaciones alcanza los 1.874.312 euros. El contrato de arrendamiento tiene una vigencia de treinta años, por lo que los actuales responsables de la dirección de la empresa municipal de autobuses entienden que el coste final de la operación para las arcas municipales podría llegar a alcanzar los 84 millones de euros.
El presidente de Emtusa, Rafael Felgueroso, explicaba ayer que el consejo de administración había optado «por razones de prudencia» por descartar la posibilidad de plantear la declaración de nulidad del contrato, «ya que podría dar lugar a un mayor problema de futuro». Esa nulidad se consideraba factible en un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, donde también se planteaba la posibilidad de exigir responsabilidades civiles y penales a los administradores de la sociedad en el momento de la formalización del contrato. Alternativas de las que hablaron los consejeros en la reunión de ayer, pero sin tomar ninguna resolución sobre ellas pendientes de la evolución futura de la situación. «Hemos tomado la decisión que nos parece más adecuada a los intereses de la empresa y que se ajusta al hecho de que esas cuantías del IPC no estaban en el acuerdo del consejo de administración», indicó Felgueroso, que advirtió de que tampoco se ha pensado en solicitar a la empresa adjudicataria la devolución de las cuantías ya cobradas por esa actualización.
La decisión del consejo de Emtusa pone ahora la pelota de la acción y el posible camino hacia el Juzgado sobre el tejado de la empresa Jesús Martínez, dando casi por supuesto que no aceptará sin más la decisión unilateral de Emtusa de dejar de abonar esos ingresos. «La empresa puede tener varias opciones: acudir a los tribunales, mantener un diálogo...», recordaba el concejal Felgueroso. Diálogo que no ha resultado en anteriores ocasiones. Tanto cuando la actual gerencia quiso renegociar las condiciones del contrato como cuando el anterior equipo socialista propuso comprar el edificio que ahora tienen arrendado.
Pilar Fernández Pardo, portavoz del Grupo municipal Popular, avalaba la decisión de sus representantes en el consejo de Emtusa al tiempo que recordaba que el PP había mostrado desde un primer momento sus discrepancias con la operación de las cocheras de Tremañes. Desde Comisiones Obreras, Roque Galcerán planteaba el aval del sindicato a la decisión de suspender esos pagos al considerar que era «una cláusula onerosa» para la entidad. La polémica sobre las cocheras dará el próximo día 11 el salto del consejo de administración de la empresa al Pleno municipal. Por un lado, el PSOE ha exigido la convocatoria de una junta de accionistas de Emtusa, que es el propio Pleno, y, por otro, Rafael Felgueroso ha solicitado comparecer.
