R. GARCÍA

El Ayuntamiento de Gijón aprobará la ordenanza de convivencia cívica, conocida popularmente como la norma «antibotellón», después del verano. La voluntad de «llegar al mayor consenso posible» ha obligado a los responsables del área de Seguridad Ciudadana del gobierno local a posponer la puesta en marcha de la norma, que en principio estaba previsto que se aprobase antes de la época estival. Los responsables del área de seguridad mantienen que la norma debe sufrir algunos cambios para incorporar las propuestas que en las últimas semanas han aportado tanto los vecinos -a través de los consejos de distrito-, como los grupos políticos y expertos llamados a participar en la comisión de seguimiento puesta en marcha para debatir la norma.

Seguridad Ciudadana planteará, dentro de estas modificaciones, la eliminación del texto municipal de todo lo relativo a la mendicidad por no ser éste «el marco normativo en el que se deben abordar este tipo de problemas», tal y como reconocieron a este periódico fuentes cercanas a la concejalía. En el borrador del texto se recogía la penalización a aquellas personas que durante el ejercicio de la mendicidad molestasen a los ciudadanos. No se tocará, al menos por el momento, la prohibición de ejercer la prostitución en la calle ni las sanciones a quien consuma alcohol en los lugares no autorizados por el Ayuntamiento. Y es que éste fue, precisamente, el problema que dio origen a la norma. Comerciantes y vecinos preocupados por el fenómeno del «botellón» habían pedido al gobierno local una norma que impidiese a los adolescentes consumir bebidas alcohólicas en la calle.

La concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento reconoce también la importancia de «matizar» algunos capítulos de la ordenanza, como por ejemplo el referido a la publicidad. En el actual borrador se establece la ilegalidad de, por ejemplo, dejar folletos en los parabrisas de los coches. Los responsables de la redacción de la ordenanza aseguran que este extremo también se va a modificar para no interferir «en las personas que tienen negocios y que se pueden ver perjudicadas en momentos de crisis como los que estamos viviendo».

Después de que los vecinos aportaran sus particulares visiones acerca de la redacción de la ordenanza, ésta debe pasar ahora por el consenso político. Como toda norma municipal, tras su aprobación será sometida a un período de alegaciones públicas. Una vez que éstas sean contestadas, llegará el momento definitivo de la puesta en marcha de la norma, que se haría efectiva si los nuevos plazos ofrecidos por la concejalía de Seguridad Ciudadana se cumplen, después del verano.