M. C.
La dirección del centro especial de empleo APTA inició el pasado martes los despidos de trabajadores conforme al expediente de regulación de empleo (ERE) que asumieron los representantes de UGT y CC OO, con la oposición de los de CSI y USO en el comité de empresa. Mediante este ERE, el centro especial de empleo despedirá a 103 trabajadores, la mayoría de ellos afectados por discapacidades psíquicas, y regulará de empleo durante un año a otros 48.
Los despidos fueron asumidos por una asamblea de la Asociación de Padres de Exalumnos del Sanatorio Marítimo (accionista mayoritario de APTA) celebrada en diciembre. El control real de APTA lo tiene la Fundación Once (Fundosa), a pesar de que sólo posee el 40% de las acciones. Sin embargo, Fundosa ha sido la entidad que ha financiado las pérdidas del centro especial de empleo en los últimos ejercicios, a raiz de lo que forzó un cambio en la gerencia del mismo para colocar a una persona de su confianza.
Cada uno de los trabajadores a los que ha despedido APTA, le cuestan al centro especial de empleo 160 euros al mes, dado que la mayor parte de la masa salarial de la empresa está cubierta con subvenciones públicas, dada la condición especial de la factoría y su fin social. La dirección de la emrpesa justificó en su día el ERE al indicar que APTA estaba en quiebra técnica. La reducción de personal permitirá concentrar a los trabajadores en una de las dos factorías y vender las instalaciones desocupadas.
