M. CASTRO
La Autoridad Portuaria de Gijón y Puertos del Estado han presentado un recurso conjunto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que declaró nulo de pleno derecho el decreto del Principado del 7 de diciembre de 2010 que redujo los consejos de administración de El Musel y del puerto de Avilés, al no haber solicitado previamente el informe preceptivo al Consejo Consultivo Económico y Social de Asturias. El decreto fue impugnado por UGT, dado que reducía de dos a uno el número de representantes sindicales en cada consejo.
Los gestores de la Autoridad Portuaria de Gijón optaron por anular la convocatoria del consejo de administración convocado para el pasado 26 de marzo, al haber recibido la notificación de esa sentencia. El Puerto tomó esta medida al considerar que los acuerdos que se tomarán en el consejo serían nulos de pleno derecho tras la sentencia, a lo que añadía que las decisiones tomadas desde el 7 de diciembre de 2010 hasta que se dictó la sentencia podrían ser anulables si algún interesado las impugnara ahora judicialmente.
La Abogacía del Estado, que presentó el recurso contra la sentencia del TSJA, considera que la misma es incongruente porque por un lado reconoce que el decreto cuestionado se limitaba a adaptar una norma estatal, mientras que por el otro se señala que requería un informe consultivo. El asunto puede tardar varios años en solventarse, tras el recurso, al ser el tiempo habitual para las resoluciones de la sala de lo contencioso administrativo del Supremo.
Realizar paralelamente un nuevo decreto, con informe previo del Consejo Consultivo es la alternativa para evitar el bloqueo del consejo de administración.
