25 de junio de 2012
25.06.2012

El PSOE acusa a Foro de anteponer el ataque político a la gestión en Emtusa

Gobierno y oposición radicalizan su enfrentamiento por la legalidad del contrato de las cocheras de Tremañes

26.04.2012 | 05:22
Rafael Felgueroso recibe el diploma de manos de Bárbara Navarro.

R. VALLE


Los miembros del consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) debatirán mañana qué hacer con respecto al contrato de arrendamiento de las cocheras de Tremañes pero, sea cual sea la decisión que tomen, no será el final de la polémica política. Un nuevo capítulo ya está anunciado para el próximo 11 de mayo cuando el actual presidente de la entidad, el forista Rafael Felgueroso, realice una comparecencia a petición propia ante el Pleno y se ejecute la petición formulada por el PSOE de reunión de la junta general de accionistas de la empresa, que es la Corporación en Pleno.


«Si quieren rescindir el contrato que lo rescindan pero que no confundan más a la opinión pública. Esta polémica sobre el contrato de las cocheras no tiene como finalidad mejorar la gestión de la empresa, que es lo importante, sino sacar una rentabilidad política criticando a la oposición», denunciaba ayer el edil socialista Francisco Blanco, que defendía la legalidad del contrato. Igual que lo hacía el ex presidente de Emtusa, Santiago Martínez Argüelles, en una carta remitida a Rafael Felgueroso con la intención de su distribución entre los consejeros de Emtusa. «Ni se ha vulnerado la ley, ni se han introducido en la redacción final del contrato cláusulas que no figurasen ya en el pliego o en la oferta realizada por el adjudicatario», dice Argüelles en esa misiva.


Justo lo contrario de lo argumentado de nuevo ayer por Rafael Felgueroso. «La actualización del IPC que está en el contrato ni venía en el pliego de condiciones ni en la información que se dio al consejo de administración», reiteraba el edil tras recibir en el salón de recepciones del Ayuntamiento el premio a Gijón como ciudad digital otorgado por la empresa Google. Esta discrepancia sobre el IPC es el argumento que, según se explica en un informe jurídico encargado por Emtusa, puede servir para plantear la anulación del contrato de las cocheras y las posibles responsabilidas penales y civiles.

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