M. CASTRO
El Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural y la Asociación Green están pleiteando ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para tratar de anular la autorización del Ministerio de Industria a Enagás para construir la regasificadora de El Musel. Se trata del segundo recurso de este tipo para tratar de desmantelar la regasificadora. Equo-Los Verdes ha presentado otro recurso en el que aporta informes periciales en los que se cuestiona la viabilidad económica y técnica de la instalación, ante la falta de suficiente demanda de gas, argumento que ha reforzado con el reciente informe de la Comisión Nacional de la Energía en el mismo sentido en el que se ha basado el Gobierno para demorar la entrada en servicio de la instalación.
Los argumentos de las asociaciones van en otro sentido, según explicó ayer el abogado que las representa, Marcelino Abraira. También en este caso aportan un informe pericial, realizado por Pedro Jove Faes, en el que se cuestiona que el Principado considerara innecesaria una autorización ambiental integrada para la regasificadora, tal como le pidió la Comisión Nacional de la Energía; añade que el estudio de impacto ambiental no ofrece alternativas, sino que sólo se presentó un proyecto y en una ubicación determinada y además «existe en el expediente un escrito del Ministerio señalando que el proyecto afecta a "hábitats de interés comunitario, acantilados con vegetación de las costas atlánticas, brezales húmedos, etcétera" y el Principado pasó de todo», explica el letrado.
El informe del perito también alude a supuestos incumplimientos en materia de seguridad de la ley de hidrocarburos y de normativa internacional al respecto.
A todo eso el letrado agrega que la instalación debería estar alejada más de dos kilómetros de cualquier núcleo habitado.
