J. L. ARGÜELLES
«No hemos tenido hasta ahora una oportunidad como ésta para sentar a la dictadura en el banquillo de los acusados». El madrileño José María Galante, dirigente de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) que pasó cuatro años en las cárceles franquistas, se mostró ayer convencido de que la querella que instruye la jueza argentina María Servini de Cubría por los crímenes asociados al régimen que encabezó Franco puede tener éxito. Pertenece a «La Comuna», asociación española de ex presos que está personada en la causa y a la que se sumarán en los próximos días varias entidades gijonesas.
«Esa querella es una grieta por la que podemos entrar y que nos da la esperanza de que es aún posible ajustar las cuentas, igual que en Argentina, donde los torturadores acabaron en los tribunales», señaló Galante, a quien acompañó ayer, en un acto de presentación de «La Comuna» organizado por el Ateneo Obrero de Gijón y la Sociedad Cultural Gijonesa, el escritor y editor Manuel Blanco Chivite. Éste, que militó en el PC (m-l) y en el FRAP, fue condenado a muerte -sentencia posteriormente conmutada- en 1975, año en el que aún fueron fusilados cinco miembros de FRAP y ETA, poco antes de la muerte de Franco.
El procedimiento abierto por la magistrada argentina, que sigue la aplicación de la doctrina de justicia universal, línea que adoptó por ejemplo el juez Baltasar Garzón cuando persiguió al dictador chileno Augusto Pinochet, ha levantado una amplia polvareda. Ese principio jurídico considera imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad, incluida la tortura. ¿Es posible una actuación de estas características después de la ley de Amnistía de octubre de 1977, ponderada como una de las «llaves» de la «ejemplar» transición política española hacia la democracia? Esa ley permitió la puesta en libertad de los encarcelados por los tribunales del franquismo, pero exoneraba también de todo cargo a quienes persiguieron a los antifranquistas.
«Equipara al torturador y al torturado, a la víctima y al verdugo», afirmó Blanco Chivite. «La Comuna», asociación que reúne fundamentalmente a los presos de las postrimerías del franquismo (del PSOE al MCE, pasando por el PCE o los anarquistas), pide la derogación de aquella ley. Algunos de sus representantes, ente ellos Galante y Blanco Chivite, viajaron a Buenos Aires el pasado abril para personarse en la querella aceptada a trámite por Servini de Cubría en el Juzgado Federal número 1 de la capital argentina.
«Nosotros existimos y se nos ha querido hacer desaparecer. ¿Quién nos ha pedido perdón? Pero yo ya no quiero que me pidan perdón, sino que se haga justicia», hizo resaltar Galante, que recurrió al trazo personal: «Yo tenía veintidós años cuando me detuvieron, y mi torturador tenía veintiuno; acabó siendo director general de Policía en uno de los gobiernos de Felipe González». La querella fue interpuesta en Buenos Aires el 14 de abril de 2010 por David Rivas, un argentino de más de noventa años que quería la aplicación del principio de justicia universal para sus familiares españoles represaliados por el franquismo. Numerosas asociaciones apoyaron la iniciativa, desde algunos colectivos de emigrantes hasta las Madres de Mayo, la entidad que ha mantenido viva la memoria de los desaparecidos durante la dictadura argentina.
«Si se reconoce y admite que nuestra lucha contra la dictadura fue justa, lo coherente es que se exijan responsabilidades penales a quienes nos torturaron o encarcelaron», indicó Galante, para añadir: «Nos querellamos contra gente que aún está viva».
