20 de septiembre de 2012
20.09.2012
Incertidumbres sobre la financiación del gran puerto asturiano

La UE pide aclarar la ampliación de El Musel tras examinar el informe final de la obra

Bruselas da dos meses a España para remitir información adicional y después decidirá si recorta las ayudas concedidas para ejecutar los trabajos

20.09.2012 | 14:26
Nuevos muelles de El Musel, con un plano de la ampliación en primer término.

Las explicaciones que ha dado el Puerto sobre las condiciones de adjudicación de la obra de ampliación de El Musel no han despejado las dudas de la Comisión Europea, que en 2008 abrió un expediente para decidir si recorta las ayudas de 247,5 millones de euros que concedió para ejecutar la gran obra. Bruselas ya ha estudiado el informe final sobre la misma, después de que la Autoridad Portuaria aprobara su liquidación definitiva el pasado mes de julio, y ha dado dos meses de plazo a España, hasta principios de noviembre, para que le remita aclaraciones al respecto. Después, decidirá.

La UE concedió 247,5 millones de euros del Fondo de Cohesión para la expansión del Puerto de Gijón. Hasta la fecha ya ha pagado el 80% de esa cantidad, estando pendiente de recibir el 20% restante, cerca de 50 millones, tras la liquidación de la obra. Sin embargo, Bruselas está estudiando recortar la subvención al considerar que se produjeron supuestas irregularidades (conforme a la normativa de contratación pública comunitaria) en la licitación y la adjudicación de la obra, al imponer el uso de la cantera de Aboño, de la que era copropietario Sato, una de las empresas que integran la UTE Dique Torres, que fue la adjudicataria en 499,35 millones de euros (sin IVA) el mismo precio que el de licitación. Al final la obra ha costado casi 710 millones, incluyendo la actualización de precios y 124 millones de euros de sobrecostes.

El largo procedimiento ya ha tenido algunas consecuencias. Bruselas lo abrió después de que la Autoridad Portuaria intentara conseguir financiación adicional comunitaria para costear los sobrecostes de la obra, presentando los mismos como si realmente fueran una segunda fase de la actuación para tratar de conseguir otros 135 millones de euros del Fondo de Cohesión. Esa petición fue desestimada por la Unión Europea, que considera que los sobrecostes derivan de una modificación del contrato inicial entre el Puerto y Dique Torres que viola la normativa comunitaria, tal como habían denunciado Los Verdes, socios por entonces del gobierno regional. España acabó renunciando a seguir adelante con esa solicitud y centró sus esfuerzos en intentar evitar o minimizar el posible recorte de los 247,5 millones inicialmente concedidos. Los sobrecostes de la obra se acabaron financiando con un crédito de 215 millones de euros concedido por Puertos del Estado, a través del ICO.

Además de las condiciones de la adjudicación, Bruselas también tiene en cuenta en las decisiones sobre los Fondos de Cohesión, si la obra a la que se destinaron se ejecutó completamente y si está operativa cumpliendo los fines previstos.

Aparte del frente comunitario, el Puerto también se enfrenta a la reclamación del pago 350 millones adicionales que ha hecho Dique Torres, disconforme con la liquidación de la obra, asunto que acabará dirimiéndose en los juzgados.

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