R. GARCÍA
La Consejería de Vivienda del Principado de Asturias ha enviado un comunicado al Ayuntamiento de Gijón en el que los responsables regionales solicitan la ayuda municipal para llevar a cabo el proyecto presentado el pasado jueves y con el que se pretende rehabilitar para su uso las 500 viviendas de titularidad pública que posee el Principado en varios puntos de la región, que podrían ir destinadas a familias que sufren un desahucio al no poder hacer frente al pago de su hipoteca.
La consejera de Vivienda, Esther Díaz, asegura que los ayuntamientos como el de Gijón que cuentan con planes de empleo públicos podrían colaborar con estos planes de rehabilitación de viviendas, que además contarán con una partida presupuestaria específica el próximo año en los Presupuestos regionales.
Esther Díaz señala que aún no tienen datos exactos acerca de cuántos de esos 500 pisos están situados en Gijón, pero «los nuevos planes de vivienda ya están en marcha». «En los próximos días nos pondremos en contacto con la Federación Asturiana de Concejos para cerrar las actuaciones», concluyó la responsable política tras participar en la presentación de la feria inmobiliaria que se desarrolla desde ayer en la Escuela de Hostelería de la ciudad organizada por la Asociación Inmobiliaria de Asturias (Asocias), una agrupación que nació el 7 de mayo de este año y que en estos días ha conseguido dar salida a 50 operaciones inmobiliarias en varios concejos de la región.
La consejera de Vivienda, Esther Díaz, realizó durante su intervención una defensa del alquiler con opción a compra como una de las formas de encontrar vivienda que, a su juicio, se deben potenciar en los próximos años. «En Asturias hay un stock importante de viviendas que no tienen salida en muchas ocasiones porque los propietarios no se atreven a alquilar, y eso debemos solucionarlo con nuevas herramientas que garanticen a los dueños de los inmuebles la necesaria garantía jurídica para su seguridad», explicó Díaz apuntando, sobre todo, a las segundas viviendas que están fuera del mercado. La Consejera hizo además durante su intervención una defensa de la rehabilitación de viviendas tanto en zonas rurales como urbanas y de la necesidad de dar a conocer sus derechos a los afectados por las hipotecas desde servicios como la oficina de atención al ciudadano que pondrá en marcha en los próximos días el Gobierno del Principado de Asturias. Díaz mantiene que ya se han recibido las primeras llamadas solicitando el servicio.
En la presentación también estuvieron presentes las diputadas nacionales María Luisa Carcedo -del Partido Socialista- y Ángeles Fernández-Ahuja -del Partido Popular-. Ambas expusieron sus opiniones encontradas acerca de la nueva normativa nacional aprobada por el Gobierno del PP para frenar los desahucios que están afectando a las familias que no pueden hacer frente a su hipoteca. Mientras Carcedo apostó por la necesidad de poner en marcha más reformas legislativas, Fernández-Ahuja reprochó a los socialistas su falta de diálogo y voluntad política a la hora de llegar a unos acuerdos que se han tomado «cuando sólo llevamos un año de gobierno y después de que el Ejecutivo anterior no hiciera nada en esta materia».
