M. CASTRO
Los astilleros españoles, incluyendo los dos asturianos de Armón -en Gijón y Navia- y el de Gondán -en Figueras-, tendrán la posibilidad de contratar la construcción de buques mercantes a partir de finales de este año o, a más tardar, en enero. Ése es el plazo previsto para que sea aplicable en España el nuevo régimen de incentivos fiscales al sector naval, según indicó ayer el asturiano Álvaro Platero, presidente de Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar, que agrupa a los astilleros privados españoles).
En el caso de Gijón, el astillero de Armón en El Natahoyo está trabajando en la construcción de pesqueros de altura, un tipo de barcos que está excluido de las ayudas fiscales, que son aplicables a los mercantes. Armón Gijón, por el tamaño de sus instalaciones, tiene capacidad para contratar buques de mayor porte que los atuneros, pero ésa era una opción que estaba vetada desde que la Comisión Europea declaró ilegales hace más de un año las ayudas que antes recibía el sector, denominadas «tax lease», y que combinaban una amortización acelerada con unas ayudas fiscales en función de las toneladas del barco.
La semana pasada, tras unas duras negociaciones que han llevado al ayuno de contratos a la mayor parte del sector en España, la Comisión Europea dio el visto bueno a un nuevo sistema de incentivos fiscales, cuyas ayudas serán inferiores al «tax lease» (entre el 25% y el 30%, que ahora quedará reducida a alrededor del 20%, según estimaciones de fuentes del sector).
Platero explicó ayer que la entrada en vigor de las nuevas ayudas está pendiente de «cambios técnicos» en la normativa impositiva española, que el sector va a negociar con Hacienda, y de que los bancos y los estructuradores financieros elaboren las nuevas fórmulas para aplicar esos incentivos (en los que suelen intervenir inversores interesados en desgravar impuestos). «Muchos astilleros están esperando para contratar» a que se comiencen a aplicar las nuevas ayudas.
Platero hizo estas consideraciones tras el consejo de administración de Pymar, que se celebró ayer y en el que se abordó la situación tras el acuerdo con la Comisión Europea.
El único asunto que queda pendiente del plácet de Bruselas es la decisión sobre si los astilleros o los inversores en los barcos tendrán que devolver o no al Estado los centenares de millones de euros que se ahorraron en impuestos mediante el «tax lease» que luego declaró ilegal la Comisión Europea.
La postura del sector naval español desde un principio ha sido la de acogerse a la «confianza legítima y seguridad jurídica» para pedir que no se obligue a devolver unas ayudas a las que accedieron cumpliendo la ley española. Platero explicó ayer que la Comisión Europea prevé dar una respuesta en el plazo de dos a tres meses, esto es, antes de que acabe febrero. Una decisión sobre la que «soy optimista. Las negociaciones fueron muy duras, pero con toda la documentación que les presentamos, la decisión creo que será satisfactoria», explicó el presidente de Pymar.
