M. CASTRO

El juzgado de instrucción número cuatro de Gijón, trasladó el pasado 29 de enero a los juzgados de lo penal el caso del supuesto fraude de subvenciones en Mina La Camocha, tras casi doce años de instrucción. Cinco directivos de la antigua mina gijonesa, ya cerrada, y de otras dos empresas involucradas se sentarán en el banquillo de los acusados del juzgado de lo penal número dos de Gijón, que es al que ha sido turnado el asunto. Aún no se ha fijado fecha para la celebración del juicio oral.

Los cinco directivos están acusados de tres delitos contra la Hacienda Pública por el desvío de parte de las subvenciones que la mina recibió en los años 1998, 1999 y 2000. El supuesto fraude consistió en la venta a la térmica de Aboño de unas 90.000 toneladas de carbón importado y de cielo abierto (más barato) como si fuera producción propia de Mina La Camocha. Parte de las subvenciones a la producción de La Camocha se destinaron a importar carbón, que luego se vendía como propio. Mina La Camocha utilizaba dos empresas interpuestas, Hullas del Coto Quirós y Trabajos y Explotaciones para camuflar la operación.

La investigación del supuesto fraude fue iniciada en 1999 por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, que denunció los hechos en el juzgado el 30 de marzo de 2001. La instrucción pasó por las manos de cuatro jueces distintos, al ir cambiando el titular del juzgado y las defensas consiguieron que dos de ellos lo archivaran. En ambos casos, la Audiencia Provincial corrigió aquellas decisiones para hacer que se continuara con la instrucción.

La instrucción judicial fue compleja y se recoge en más de 6.000 folios repartidos en varios tomos, los últimos de los cuales fueron remitidos el pasado miércoles por el juzgado instructor al de lo penal.

La juez de instrucción había requerido la apertura de juicio oral el 24 de noviembre de 2011. El asunto llega ahora al juzgado de lo penal después de que durante todo este tiempo presentaran sus escritos de calificación de los hechos las acusaciones y las defensas de los cinco imputados y los de las empresas implicadas como responsables civiles subsidiarias. En los casos de Hullas del Coto Quirós y Trabajos y Explotaciones, se les tuvo que nombrar abogados de oficio.

El fiscal solicita una pena de tres años de cárcel por cada delito (nueve años en total) para cada acusado, petición que el abogado del Estado eleva a tres años y medio (10,5 en total). Además, reclaman que indemnicen al Estado con la devolución de los 17,09 millones defraudados y una multa de otro tanto. Las defensas, por su parte, mantendrán que el delito ha prescrito, alegando supuestas demoras en la tramitación, e intentarán que ni siquiera llegue a celebrarse el juicio. La empresa sostiene que no ha habido delito.

La juez de instrucción procedió al embargo de bienes y parte de los salarios de los acusados, tras imponerles una fianza conjunta de 22,73 millones de euros, que no ha quedado cubierta con los embargos.