El auto del juez Jorge Rubiera concede un plazo de tres días al Ayuntamiento de Gijón y a la empresa Logiscrap para que presenten las alegaciones que estimen oportunas. Contra la resolución adoptada, cabe alegar, pero no interponer un recurso.
La suspensión de las obras de demolición de Mina La Camocha se produce en plena polémica urbanística por la anulación del Plan General de Ordenación (PGO). Con la sentencia invalidatoria del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que deja el urbanismo gijonés en una situación de gran inseguridad jurídica, el futuro de los terrenos de Mina La Camocha es aún más incierto.
El PGO es el marco normativo que determina el desarrollo urbanístico de la ciudad, ya sea residencial o industrial. Que en el trámite de exposición pública se omitiesen los informes geológicos correspondientes al desmantelamiento de Mina La Camocha fue una de las irregularidades que condujeron a la invalidación judicial del Plan de Ordenación.
Este documento mantiene el uso industrial de los 192.707 metros cuadrados de terreno que han quedado libres con el cierre de la mina gijonesa. Los vecinos de la parroquia de Vega-La Camocha siempre mostraron su preocupación por las consecuencias del desmantelamiento de la explotación hullera, tanto a nivel patrimonial como por los efectos que pudiera tener sobre el subsuelo de la zona.
