Un mes después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declarase nulo el Plan General de Ordenación (PGO), su sentencia sigue causando estragos en el urbanismo gijonés. Un grupo de constructores ya estudia, de hecho, la forma de recuperar el dinero invertido en derechos edificatorios. Es su respuesta a la decisión municipal de revisar cada uno de los expedientes que se derivan del planeamiento invalidado.

Se trata de la sociedad mercantil que en su día adquirió los derechos edificatorios correspondientes a la quinta de la Fundación San Eutiquio dentro de la operación urbanística de Castiello de Bernueces. La parroquia de San Pedro, al frente de la institución, recibió cerca de 4 millones de euros por 41.500 metros cuadrados de aprovechamiento urbanístico. Las cinco promotoras que asumieron el pago sostienen que la compra está sujeta al desarrollo de las 4.000 viviendas previstas en la parroquia por el PGO.

Con la anulación del Plan General, la segunda en tres años y medio, la ciudad retrocede al marco normativo existente hace quince años, en el que no se incluía la recalificación de suelo más allá de la Ronda Sur. Operaciones como la de Castiello de Bernueces quedan, por tanto, en suspenso hasta que el urbanismo gijonés recupere su seguridad jurídica. Algo que, según el gobierno municipal, sólo se conseguirá tramitando un nuevo PGO.

«Como la operación de Castiello se ha visto alterada, la escritura firmada con la Fundación San Eutiquio pierde su razón de ser», apunta un portavoz de la sociedad mercantil que negoció con la parroquia de San Pedro. De momento, el equipo de Foro Asturias no ha concretado en qué medida afectará su revisión urbanística a las operaciones pendientes de ejecución, pero su intención es replantear el documento de prioridades que sustenta el modelo territorial heredado del anterior gobierno socialista.

Dicho documento justifica la necesidad de generar suelo edificable para 21.000 viviendas, previsión muy cuestionada por los actuales responsables del Urbanismo municipal, partidarios de adaptar el PGO a la nueva realidad socioeconómica surgida de la crisis, lo que conllevaría un recorte en el número de pisos previstos. La incertidumbre es de tal calado que los constructores ya han puesto sus intereses en manos de abogados.

«Las escrituras condicionadas a la edificabilidad pueden revocarse», aseguran los empresarios. En el caso de Castiello de Bernueces y de la Fundación de Escuelas Cristianas San Eutiquio, «es que directamente compramos derechos edificatorios», inciden. Adquirieron, además, unos 12.000 metros cuadrados en fincas, lo que elevó a 5,9 millones de euros la cantidad abonada a la parroquia de San Pedro por esta operación urbanística.

El plan parcial de Castiello se fraguó al amparo del PGO que los socialistas aprobaron en 2005 y que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en 2009. Para entonces la actuación ya contaba con la aprobación definitiva del Pleno municipal. A eso se agarran los constructores posicionados en la parroquia para defender que «no debería afectarnos» ninguna de las dos sentencias anulatorias que pesan sobre el planeamiento urbanístico del municipio. Desde el Ayuntamiento y las asociaciones vecinales de la zona rural se advierte, sin embargo, de que «la operación no se tramitó completamente».