M. SUÁREZ / R. VALLE

El gobierno de Foro daba ayer un frenazo en seco al desarrollo del plan de Castiello de Bernueces -la operación residencial privada más ambiciosa del concejo, con una previsión de 4.000 viviendas sobre un ámbito de actuación de casi un millón de metros cuadrados y una inversión de 38 millones de euros- al dar por caducado el expediente de expropiación por el sistema de tasación conjunta «por causas imputables a la Junta de Compensación». Así lo justificaba ayer la edil de Urbanismo, Lucía García Serrano, a la salida de la Junta de Gobierno que tomó esta decisión.

La concejala de Urbanismo aseguró que el problema parte del impago de un millón de euros, sobre una valoración total de 1,4 millones, a los propietarios de las siete parcelas no adheridas a la Junta de Compensación. Ello supone que el 70% de los propietarios que conforman la Junta son morosos y, en palabras de García Serrano, «eso entra en contradicción con la ley, que exige que más del 50% de los propietarios pueda desarrollar la operación». La edil gijonesa hizo referencia a dos decisiones de la CUOTA. Una en 2011, al fijar el valor del metro cuadrado en 176,75 euros, y otra de marzo de 2012, que incluía la urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados con el pago previo de su coste.

La concejalía de Urbanismo, por su parte, instó a la Junta de Compensación en cuatro ocasiones a realizar esos pagos. El último aviso, en diciembre de 2012, incluyó la advertencia de una declaración de caducidad en tres meses. A lo largo de ese proceso la Junta de Compensación rechazó la opción de los propietarios morosos de pagar con suelo y el Ayuntamiento ha rechazado la propuesta de la Junta de Compensación de utilizar la vía de apremio para conseguir esos pagos. «Si hay que recurrir a la vía de apremio sobre el 70 por ciento de los propietarios, se está desvirtuando la finalidad de un sistema de gestión privado», sentenciaba ayer Serrano.

La concejala forista, tras explicar que no es la primera operación residencial a la que afecta un expediente de caducidad, quiso dejar bien claro ayer que esta acción nada tiene que ver con la reciente sentencia anulatoria del plan general, «sino con la situación económica de crisis en la que está inmerso todo el mercado inmobiliario». Eso sí, los efectos de la anulación del planeamiento sí se dejarían sentir en una nueva tramitación de esa operación residencial. La situación económica del sector, la anulación judicial del plan general y la decisión del gobierno municipal bloquean de manera casi total la operación residencial a falta de una reclamación de los afectados.

Los promotores sostienen, en cambio, que la expropiación «es un acto administrativo firme, que no puede caducar». Hasta tal punto están convencidos de que la ley no asiste al Ayuntamiento que «ya tenemos trabajando a los abogados para reclamar». Admiten que algunos miembros de la Junta de Compensación no han aportado su parte correspondiente de la expropiación, tasada en 1,4 millones de euros. Pero alegan que «se solicitó la vía de apremio», para aplazar el pago hasta que llegue el momento de desarrollar el plan de Castiello, asumiendo los correspondientes intereses de demora. El Ayuntamiento se lo ha negado, lo que interpretan como un ataque injustificado a sus intereses. «Estamos hablando de una expropiación forzosa que ejecutó el propio Ayuntamiento a nuestro favor, que es firme y que se aprobó definitivamente en abril de 2012, no hace años», señalaban ayer tras conocer la determinación de la concejalía de Urbanismo, que «ya dábamos por hecha».