Muchas de las agresiones físicas y psicológicas que sufren las personas mayores que viven en el concejo de Gijón quedan sin denunciar. La inspectora Teresa Domínguez, una de las responsables del servicio de Atención a la Familia de la Comisaría de Policía de El Natahoyo, asegura: «Es raro que las víctimas de este tipo de delitos, a las que en ocasiones sus familiares pegan o insultan, pongan los hechos en conocimiento del Juzgado», e instó a que se rompa ese círculo de silencio. Para la funcionaria, en esta actitud influyen «la imagen que tienen estas personas de la Policía y hasta su dependencia de los maltratadores».

Domínguez, que intervino ayer en el seminario «Personas mayores maltratadas» que se celebró en la Escuela Universitaria de Enfermería, recalcó que a este grupo de ciudadanos no les afectan sólo los robos y estafas, que son los delitos que más habitualmente se denuncian. «Nos hemos encontrado casos de todo tipo. Incluso de abusos sexuales. Hace varios meses una mujer denunció el abuso al que se estaba sometiendo un compañero que vivía con ella en su residencia de ancianos. El hombre no se podía mover y tenía que soportar los tocamientos sexuales de otro compañero que se aprovechaba de su inmovilidad», contó la funcionaria.

Precisamente con el objetivo de acercar la Policía a estas personas que no suelen «contar sus problemas», la Comisaría ha puesto en marcha de nuevo y hasta el mes de diciembre el programa «Policía mayor». «Tratamos de contarles a todos nuestros compañeros las pautas que tienen que seguir cuando traten con este tipo de ciudadanos. Hay que informarlos claramente de las consecuencias que tiene un procedimiento judicial, desplazándonos incluso hasta sus casas para recoger las denuncias», concluyó Domínguez haciendo además hincapié en la importancia de las «llamadas anónimas de ciudadanos que ponen en nuestro conocimiento situaciones que de otra manera no saldrían a la luz».

En el seminario participó también el juez de familia de Gijón Ángel Luis Campo, quien pidió una reflexión a todos los agentes implicados en el trato con personas mayores. «Tendemos a mirarnos el ombligo y nunca trabajamos juntos. La Administración no quiere sentarse a negociar, pero tenemos que tener claro que cada vez que llega un político deshace lo del anterior y que somos los profesionales los que tenemos que llegar a acuerdos», argumentó Campo. El magistrado asegura, basándose en su experiencia como responsable de sentencias de incapacidad, que «en la sociedad actual estamos intentando alejar a los menores y a los mayores, expulsándolos y pidiendo su incapacidad para poder manejarlos». Campo mantiene, de hecho, que el maltrato se produce, en ocasiones, «de forma involuntaria» y admite que «muchas veces los casos de violencia de género que se dan entre personas de la tercera edad tienen que ver con una enfermedad mental». «Hay que tener cuenta las necesidades, los deseos y la libertad de los mayores. Todos somos discapacitados en algún ámbito y la sociedad tiene que dotarse de medios para que todo el mundo pueda tomar sus propias decisiones», concluyó el juez.