La reforma de las pensiones que promueve el Gobierno central supondrá un drástico recorte en el poder adquisitivo de los pensionistas, que necesitarán siete años consecutivos de bonanza económica para recuperar el poder adquisitivo que perderán en cada año de crisis. Así lo explicó ayer en la sede de UGT de Gijón el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del comité de expertos de las pensiones, Santos Ruesga Benito.

Ruesga hizo la cuenta de lo que supone el anteproyecto de ley del Gobierno que va a meter un nuevo hachazo a las pensiones públicas: Se prevé que en un año de crecimiento económico las pensiones se revaloricen hasta un 0,25% por encima del IPC. En un año de crisis el suelo previsto para la revalorización será del 0,25%, sin incluir la subida del IPC. Esto supone que con una media de subida de precios del 2%, los pensionistas perderán un 1,75% de poder adquisitivo en un año de crisis. De ahí los siete años de bonanza que necesitarían a continuación para empatar.

El catedrático señaló que el Gobierno prevé recortar 22.000 millones de euros de aquí a 2022 de los recursos destinados a las pensiones públicas, lo que supone una media de 4.500 millones anuales. Se trata, en su opinión, de una medida injustificada, porque el Gobierno parte de la hipótesis de que no crecerán los ingresos en el futuro y sí el número de pensionistas. Predicciones similares hechas por otros economistas hace años habían vaticinado que en 2010 quebraría el sistema público de pensiones, que en realidad llegó a ese año con un superávit de 70.000 millones de euros.

Ruesga sostiene que con el recorte el Gobierno lo que busca es favorecer los negocios de la banca y las compañías aseguradoras, que venderán más planes de pensiones privados.

Además de la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, la reforma también llevará a que en 2050 una pensión sea el 30% del salario del trabajador, cuando ahora es del 50%.

Santos Ruesga sí se mostró favorable a que las pensiones de viudedad dejen se ser contributivas y pasen a cubrirse con impuestos, siempre que se haga a largo plazo para no perjudicar a las beneficiarias actuales. No obstante, matiza que ese 2% del PIB que suponen las pensiones de viudedad, que se ahorraría el sistema de pensiones de tomar esta medida, debe destinarse a reforzar el propio sistema de pensiones.