El Ayuntamiento de Gijón va a solicitar oficialmente al Ministerio de Industria que le traslade el expediente del Plan de Competitividad por el que el Ministerio subvencionó en 2010 con 3,7 millones de euros a las fábricas españolas de Tenneco Automotive. El Ayuntamiento quiere conocer las condiciones impuestas para la concesión de esas subvenciones, con vistas a una posible reclamación a Tenneco para que las devuelva, tras la decisión de la multinacional estadounidense de desmantelar su factoría de Gijón.
La reclamación de devolución de estas subvenciones es uno de los asuntos sobre los que ayer fueron asesorados por abogados del bufete madrileño Uría y Menéndez cuatro miembros del comité de empresa de la fábrica de Gijón, que fueron acompañados a la reunión por el concejal de Desarrollo Económico, Fernando Couto y el director del área de Empleo, Pelayo Barcia.
Reclamar la devolución de subvenciones, bloquear el ERE presentado por la empresa e impedir el traslado a Rusia de las máquinas de la multinacional en Gijón alegando que la propiedad intelectual de las mismas corresponde a trabajadores gijoneses, son las tres vías legales que el comité de empresa estudia, asesorados por Uría y Menéndez.
En la reunión de ayer, que se prolongó durante casi tres horas, cuatro abogados con distintas especializades asesoraron a los trabajadores sobre las posibilidades de cada una de estas tres vías contra el cierre. La más complicada a su juicio es la de demostrar que la propiedad intelectual de la maquinaria corresponde a los trabajadores. En este sentido, además de la vía legal, el comité de empresa había planteado en su día que el Ayuntamiento bloqueara el traslado de las máquinas al no conceder licencia de obras para su desmontaje.
En el caso de las subvenciones, lo primero es conocer en qué condiciones fueron otorgadas. Se trata de 2,4 millones de euros que el Ministerio concedió a las fábricas de amortiguadores de Gijón y Ermua (País Vasco) y otros 1,3 millones que concedió a la fábrica de tubos de escape de Manises (Valencia). Una vez que se tenga esta información y se analice si es posible reclamar la devolución por las ayudas debido a algún incumplimiento, serán los trabajadores de la factoría gijonesa los que decidan si interponen o no acciones legales en ese sentido.
En cuanto al posible recurso judicial en materia laboral, los abogados de Uría y Menéndez recordaron a los sindicalistas las dificultades de maniobra que ha supuesto para los representantes de los trabajadores la reforma laboral.
El período de consultas para negociar el ERE de extinción de contratos que presentó la empresa concluye el próximo 10 de diciembre. Empresa y sindicatos mantendrán dos reuniones negociadoras, el 3 de diciembre y el propio día 10.
