La Inspección de Trabajo ha emitido un informe demoledor sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) que ha presentado Tenneco Automotive para despedir a toda la plantilla y cerrar la fábrica de Gijón (antigua Amortiguadores Monroe). El escrito estima que Tenneco actuó de mala fe en la negociación con los sindicatos y además considera caducado el ERE por haber sobrepasado la empresa el plazo legal para tramitarlo ante el Principado. El informe elaborado por técnicos de la Inspección será un argumento de peso de cara a la impugnación judicial del despido colectivo por parte del comité de empresa. Si los tribunales atienden a las irregularidades detectadas por la Inspección y declaran nulo el expediente, la empresa tendría que readmitir a los trabajadores. Si para entonces Tenneco no ha conseguido desmantelar la fábrica, tendría que abrir una nueva negociación con los sindicatos, volviendo al punto de partida.

El informe de Inspección de Trabajo es preceptivo por ley para cualquier ERE. En el caso de Tenneco, el inspector encargado de supervisar expediente aprecia dos irregularidades que pueden llevar a su nulidad.

Una de esas irregularidades, según el informe, es que la multinacional incumplió la obligación legal de "negociar de buena fe" dado que se enrocó en su decisión de cerrar la fábrica, sin evaluar otra posibilidad que no fuera su desmantelamiento: "Leyendo las actas de las reuniones se observa que la empresa, desde el inicio, mantuvo una postura inamovible: Cerrar el centro de trabajo, sin contemplar ninguna otra alternativa, rechazando la planteada por los trabajadores (posible asunción de la titularidad del centro) y rechazando también las sugerencias que, para la viabilidad de la planta, hizo el experto independiente (Secafi)", señala el informe. La consultora francesa Secafi realizó un estudio de la factoría y de la multinacional en Europa que concluía que la fábrica de Gijón era viable con una inversión de tan sólo 750.000 euros y con una reducción parcial de plantilla. Tenneco no quiso ni hablar del tema.

La Inspección recuerda que la ley señala que ante un ERE la consulta de la empresa con los representantes legales de los trabajadores "deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos, y que durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo" algo que debe de acreditarse con propuestas y contrapropuestas "lo que en este caso no parece haber ocurrido". La inspección refuerza su parecer en este punto citando cinco sentencias de tribunales españoles (dos del Supremo) y una del Tribunal de Justicia de la UE. La jurisprudencia comunitaria establece que la obligación negociadora "no se satisface con una mera información pasiva" a los sindicatos.

Dicho en otras palabras, no sirve decidir un cierre y simplemente comunicárselo a los trabajadores en vísperas del mismo, como ha hecho la multinacional estadounidense. A lo que Tenneco estaba obligada era a haber notificado a los trabajadores con antelación sus intenciones y a iniciar un periodo de negociaciones estando abierta a encontrar posibles alternativas. Tenneco en cambio pretende desmantelar factorías y reducir plantillas en Europa occidental para construir dos nuevas fábricas en Polonia y Rusia, trasvasando la producción a esos países, con mano de obra más barata. El cierre de Gijón y la reducción de plantilla en la fábrica de Sint Truiden (Bélgica) es el primer paso, al que seguirán el cierre de la de Ermua (País Vasco) y nuevas reducciones de plantilla en Bélgica y Chequia, según documentación interna de la multinacional.

El segundo reparo que la Inspección de Trabajo pone al plan de cierre de Tenneco es que considera "caducado" el expediente de despidos abierto por la empresa, debido a que no se comunicó en el plazo reglamentario a la Administración.

El periodo de consultas se inició el 14 de octubre, por lo que legalmente no podía extenderse más allá del 14 de noviembre y, por ley, la empresa debía haber notificado su decisión al Principado el 29 de noviembre a más tardar. Sin embargo, las reuniones entre la empresa y los sindicatos se prolongaron hasta el 10 de diciembre y Tenneco notificó al Principado su decisión final el 17 de diciembre, fuera del plazo legal.

En opinión del inspector, la empresa no puede alegar que la prolongación del periodo de consultas con los sindicatos se hizo de mutuo acuerdo, dado que ese acuerdo para prolongar las consultas "implicaba automáticamente de acuerdo con la ley" la caducidad del procedimiento abierto para los despidos colectivos. Esta caducidad hace que los despidos que ya está haciendo Tenneco sean ilegales. La caducidad del procedimiento no impide a la empresa, añade la Inspección, iniciar uno nuevo si así lo considera oportuno.

La Inspección de Trabajo considera que la documentación facilitada por el empresario a los sindicatos "respeta las exigencias formales" y no entra a valorar los argumentos que da para cerrar (la supuesta sobrecapacidad de producción de amortiguadores en Europa occidental), dado que la Inspección no es competente al respecto.

Sanciones

Los sindicatos esperan que la Dirección General de Trabajo del Principado presente la próxima semana su informe sobre el cierre de la fábrica, tras analizar el planteamiento de la empresa, el informe de Inspección y el contrainforme que presente el comité de empresa. El Principado puede emitir un informe sobre el asunto, pero no podrá bloquear el ERE, debido a que la reforma laboral de 2012 suprimió la necesidad de autorización administrativa de los despidos colectivos. Ahora sólo queda recurrir a los tribunales.

Además de que Tenneco tenga que responder en los tribunales, la ilegalidades apuntadas por la Inspección de Trabajo también pueden acarrear sanciones por parte de la administración española para la multinacional, algo que permite la normativa comunitaria. De ser así, Tenneco tendría que volver a echar las cuentas sobre la factura del cierre. La situación se analizará en la segunda reunión de la "task force" (un grupo de trabajo) convocada por la Comisión Europea para este mediodía en Oviedo para buscar una solución al conflicto. A la misma no acudirá Mike Charlton, máximo directivo de Tenneco para Europa. No se descarta que acuda Agustín Arrieta, director de la fábrica gijonesa, directivo que en las reuniones con los sindicatos en el Sasec llevaba escritas las respuestas que debía dar a las preguntas de los trabajadores.