20 de enero de 2014
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La supuesta malversación de subvenciones a la minería

Los acusados por el fraude de Mina La Camocha aseguran que los delitos han prescrito

Cinco directivos de la antigua mina se enfrentan hoy a la justicia por vender carbón de importación como mineral extraído de su explotación

21.01.2014 | 02:50
Los acusados por el fraude de Mina La Camocha aseguran que los delitos han prescrito
Los acusados por el fraude de Mina La Camocha aseguran que los delitos han prescrito

El Juzgado de lo penal número 2 de Gijón ha celebrado hoy la primera de las diecisiete sesiones del juicio por el supuesto fraude de subvenciones en Mina La Camocha. Cinco directivos de la antigua mina gijonesa y de otras empresas implicadas se sientan en el banquillo de los acusados por la supuesta malversación de 17,08 millones de euros entre los años 1998 y 2000, por la venta a la Térmica de Aboño de unas 90.000 toneladas de carbón importado y de cielo abierto (más barato), haciéndolo pasar por producción propia de la mina.

Las defensas de los imputados han tratado de lograr hoy la suspensión del juicio alegando la prescripción de los delitos imputados. La Fiscalía y el Abogado del Estado por su parte han sostenido que existen resoluciones judiciales ya del año 2001 que harían que los hechos no hubiesen prescrito a los cinco años. Los abogados de parte de los directivos han tratado también de apoyar su argumentario en dilaciones indebidas en el transcurso del proceso, a lo que la acusación ha contestado que ha sido la propia estrategia de las defensas recurriendo todas y cada una de las resoluciones lo que hizo que el proceso se alargase en el tiempo.

La investigación del supuesto fraude minero la inició de oficio en 1999 la Guardia Civil de Gijón con el nombre de "operación Baltasar". La Fiscalía Anticorrupción, que impulsó la investigación, presentó denuncia en los Juzgados gijoneses el 30 de marzo de 2001. Un mes después, el Juzgado ordenó el registro de las oficinas de la empresa, de las que la Guardia Civil se llevó abundante documentación y también una pistola ilegal, hallazgo este último que dio lugar a otro procedimiento penal.

El siguiente paso, en diciembre de aquel año, se produjo cuando la Guardia Civil detuvo a catorce directivos y empleados de Mina La Camocha, Hullas del Coto Quirós y Trabajos y Explotaciones, las empresas implicadas en la supuesta trama para camuflar el destino real del carbón importado por los puertos de Gijón y Avilés y el de cielo abierto. Las tres empresas compartían oficina en Gijón.

La instrucción judicial se prolongó durante doce años, en los que, a la vez que se acumulaban los indicios del supuesto fraude en los 6.000 folios del sumario, se sobreseía el caso respecto a la mayoría de los detenidos (uno de ellos, el máximo accionista de la mina, por fallecimiento). Los imputados que finalmente se sentarán en el banquillo son Manuel Martín Martín, ex presidente, apoderado y consejero de Mina La Camocha, Víctor Zapico Zapico, director general de servicios y apoderado de la mina (cargo al que llegó tras haber sido consejero de Industria del Principado), Margarita García Fernández, responsable de contabilidad y apoderada de la mina, Guillermo Honrubia Álvarez, apoderado de Trabajos y Explotaciones y de Hullas del Coto Quirós, y Ángel Manuel García Brugos, administrador único de Hullas del Coto Quirós y hermano del que era máximo accionista de Mina La Camocha.

La instrucción pasó por las manos de cuatro jueces, dos de los cuales dictaron sendos autos de archivo de las investigaciones, que fueron revocados por la Audiencia Provincial. El tiempo que ha tardado en llegar el caso a juicio será ahora uno de los argumentos de las defensas para intentar anular el proceso, alegando que los supuestos delitos han prescrito. La Fiscalía pide en su escrito de acusación una pena de 9 años de prisión para cada uno de los cinco imputados por tres supuestos delitos contra la Hacienda pública al desviar para otros fines parte de las subvenciones que en 1998, 1999 y 2000 recibió la antigua mina para su actividad extractiva. El abogado del Estado eleva la pena solicitada a cada acusado a 10,5 años de cárcel.

Los abogados defensores plantearán la prescripción de los supuestos delitos hoy en la primera sesión del juicio. También alegarán la supuesta vulneración de derechos fundamentales de sus defendidos al haberse pronunciado tres veces contra el archivo del caso la Sección Octava de la Audiencia Provincial.

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