La Autoridad Portuaria de Gijón tendrá previsiblemente que devolver los 198 millones de euros de subvenciones europeas que recibió para ejecutar la obra de ampliación de El Musel. La Comisión Europea acaba de remitir un escrito al Ministerio de Hacienda en el que plantea la devolución de esos fondos de cohesión, según informaron fuentes solventes y confirmaron ayer personas próximas al Gobierno. Ese escrito, no obstante, no es la conclusión del procedimiento sancionador, que se prevé que aún tarde unos meses en formularse.

Tras la reclamación de esos fondos está un informe de la OLAF, la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude, cuyo contenido no ha trascendido. Además, varias direcciones generales de la Comisión Europea habrían planteado que la adjudicación de la obra, licitada en 499,35 millones de euros y por la que finalmente se pagaron 710 millones, vulneró la normativa comunitaria, favoreciendo al adjudicatario de la obra, la UTE Dique Torres, liderada por el grupo ACS. La obra fue adjudicada cuando presidía El Musel Fernando Menéndez Rexach, quien siempre ha defendido que la contratación y adjudicación, avaladas por informes de la Abogacía del Estado, cumplieron escrupulosamente la legislación española y que las investigaciones de la UE se deben a las discrepancias entre la normativa estatal y la comunitaria. La adjudicación se hizo el 4 de enero de 2005, en un consejo de administración al que asistió el entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. Era la mayor obra, por presupuesto, que se había adjudicado de una sola vez en España. Recientemente Rexach solicitó públicamente que la UE clarificara las "incertidumbres que rodean a las obras" por los procedimientos abiertos por la Comisión y por la Olaf.

La Unión Europea había concedido 247,5 millones de euros para financiar la ampliación de El Musel, que el puerto fue cobrando a medida que certificaba obra. Aún no llegó a cobrar unos 49 millones de euros, retenidos por Bruselas mientras revisaba la documentación remitida por el Puerto. La Autoridad Portuaria siempre había barajado la posibilidad de que la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea decidiera, en el peor de los casos, retirar al Puerto el 20% de la ayuda pendiente de pago. Ahora a lo que se enfrenta es a la probable retirada de la subvención en su totalidad.

Este último extremo, no obstante, no está claro. El documento remitido por la UE al Ministerio de Hacienda se refiere a los 198 millones de euros ya pagados por los fondos de cohesión, pero no aclara qué sucederá con los 49 millones de euros pendientes de pago. Las distintas fuentes consultadas discrepan sobre las posibilidades reales de cobro de esa cuantía, una vez que Bruselas plantea la devolución de la totalidad de las subvenciones que pagó hasta la fecha por supuestas irregularidades en la adjudicación de la obra.

La devolución de las ayudas que la UE entregó para la ampliación de El Musel supondrá un fuerte mazazo para las cuentas de la Autoridad Portuaria de Gijón, que ya estaban en una situación delicada debido a los sobrecostes que acumuló la construcción del puerto exterior.

Además, El Musel también se está enfrentando a la reclamación que ha presentado Dique Torres en los tribunales para exigir un pago adicional de 329 millones de euros por supuestos sobrecostes y actualización de precios añadidos. Dique Torres está liderada por el grupo ACS, con empresas con amplia experiencia en obra portuaria y que bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con Magdalena Álvarez en el Ministerio de Fomento, no sólo consiguió la obra de El Musel, sino que poco después también lideró el grupo adjudicatario de la construcción del puerto exterior de La Coruña, en Punta Langosteira, obra de similar magnitud económica.

La Unión Europea ha investigado por dos vías paralelas la obra de El Musel. Por un lado, la Comisión Europea abrió un procedimiento de revisión a raíz de que la Autoridad Portuaria, a la que ya se habían concedido 247,5 millones de fondos de cohesión, solicitara más fondos para sufragar los sobrecostes. En lugar de pedir ayuda para sobrecostes, la Autoridad Portuaria trató de vestir la solicitud como si se tratara de una segunda fase de la obra. Los técnicos de Bruselas no se limitaron a estudiar y desestimar la petición de dinero para los sobrecostes, sino que revisaron todo el proyecto y detectaron que una de las condiciones que habían puesto los responsables portuarios a las empresas que optaban al contrato era el uso de la cantera de Aboño. Uno de los copropietarios de esa cantera era Sato, empresa integrada en Dique Torres, lo que a juicio de Bruselas ponía en clara ventaja a esta UTE para hacerse con el contrato.

A todo esto se sumó la denuncia que formularon en 2007 Los Verdes de Asturias, entonces socios del PSOE y de IU en el gobierno del Principado, que solicitaron a la Comisión que no sufragase los sobrecostes de la obra y también que se reconsiderase el proyecto.

Los sobrecostes de la obra motivaron sendas comparecencias en la Junta General del Principado del entonces consejero de Fomento, Francisco González Buendía y del presidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach. También causaron tensiones entre los socios de gobierno, en especial en el seno de IU, coalición que inicialmente había sido muy combativa con los sobrecostes y que acabó bloqueando la creación de una comisión de investigación en la Junta General del Principado.

Andecha Astur fue un paso más allá y presentó en 2008, a través de un europarlamentario, una denuncia ante la Olaf. La Olaf realizó una evaluación preliminar de la denuncia durante dos años y el 2 de diciembre de 2010, con la gran obra prácticamente concluida, abrió formalmente una investigación que realizó en colaboración con las autoridades españolas. La Olaf es el interlocutor directo de la Comisión Europea con las autoridades policiales y judiciales de cada estado miembro.