Andan estos días los munícipes gijoneses de todos los grupos dándole vueltas a la fórmula legal para garantizar la viabilidad a corto plazo del matadero y sus 23 puestos de trabajo. La ley de reforma local, que elimina las competencias municipales en este ámbito de gestión, ha venido a complicar una situación empresarial compleja ya de por sí. Pero eso es ahora. La oposición denuncia que el gobierno de Foro enquistó el problema al dejar sin respuesta durante dos años la petición de prórroga de la concesionaria.
"Hay que buscar una alternativa legal que de continuidad al servicio y que esté consensuada por técnicos y grupos políticos. No apoyamos bajo ningún concepto salidas por la puerta de atrás a este problema, que Foro no atendió en dos años", sentencia la edil popular Teresa Menéndez Hevia. Para el PP no es válida la propuesta forista, ofertada recientemente a la empresa, de saltar de una concesión a un arrendamiento. "Ante todo defendemos la actividad económica pero la legislación obliga y los mataderos no son competencia municipal", recuerda la concejala.
El primer capítulo de la historia del matadero gijonés se fecha en junio de 1997 cuando Vicente Álvarez Areces, como alcalde de la ciudad, y Joaquín Vázquez y José Antonio Hevia, como apoderados mancomunados de la Sociedad de Explotación del Matadero de Gijón, firman el contrato de concesión. El plazo de la concesión era a veinte años con la posibilidad de prórroga, por acuerdo expreso del Pleno, "en los plazos que se estime necesarios" hasta un máximo de cincuenta años.
Y de esa prórroga se habla desde hace tiempo. La opción de ampliar la concesión más allá de junio de 2017 fue planteada por la sociedad al gobierno forista hace dos años. En concreto, el 7 de junio de 2012 la gerencia del matadero solicita ampliar la concesión hasta el máximo de 50 años permitido en el contrato para poder amortizar inversiones y contar con ayudas de los fondos FEDER en la ejecución de unas obras cuyo plazo de finalización era noviembre. Fue la primera pero no la última petición de la empresa al Ayuntamiento.
En octubre de ese año reiteran la petición de prórroga como elemento básico para acceder a la financiación externa que necesitan para hacer frente a inversiones en el equipamiento de Granda y en septiembre de 2013, tras documentar las inversiones y tener varias comunicaciones con el Ayuntamiento, la concesionaria plantea la anulación de las anteriores peticiones para quedarse con una prórroga de 16 años que les permita seguir hasta el 17 de junio de 2033. Aportan compromiso de inversión en la instalación, financiación bancaria y cuadro de amortizaciones.
Pero entonces ya estaba en marcha la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración que, tras su entrada en vigor el 31 de diciembre, retiraba a los ayuntamientos la competencia en la gestión y explotación de los mataderos.
El equipo de gobierno encargó informes a la Secretaría General, la asesoría jurídica y el servicio de Patrimonio para intentar definir la salida a tomar. Los planteamientos varían, según el ámbito de responsabilidad de cada cual, pero evidencian la pérdida de la competencia y la complejidad de dar ahora mismo una solución de futuro.
El equipo de gobierno de Foro opta por plantear una desafectación del actual inmueble como paso previo a un arrendamiento directo al entender, como se explica en uno de los informes, "que quien fuera el último concesionario antes de la desafectación tendrá derecho preferente de adquisición directa de los bienes sin necesidad de subasta pública". La oposición no apoya esta salida. Se plantean, unos, mantener el contrato actual y, otros, prorrogar ya. Tarde o temprano, el Pleno tendrá que decidir.
Las peticiones de prórroga
Concesión
El contrato se firmó en junio de 1997. La concesión se planteaba a 20 años con la posibilidad de prorrogar hasta un máximo de 50 años. El fin de la concesión actual es el 16 de junio de 2017.
Las peticiones
- En junio de 2012 la concesionaria pide al Ayuntamiento ampliar la concesión hasta los 50 años.
- En octubre de 2012 se reitera por registro la ampliación de 30 años de ese contrato.
- En septiembre de 2013 la petición pasa por concretara una ampliación a 16 años.
