"No cabe descartar la promoción de acciones legales ante la jurisdicción penal, si hubiera causa para ello". La frase forma parte de la contestación que el pasado 26 de septiembre dio la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), tras conocer la relación de hechos que antifraude atribuye a la Autoridad Portuaria y a la UTE Dique Torres, que para el organismo europeo justifican la retirada de los fondos comunitarios al proyecto gijonés y la intervención de la fiscalía anticorrupción.
Con la posibilidad de emprender acciones penales, Aza se refiere "a las conclusiones de esa oficina acerca de posibles conductas y pactos no transparentes que fueran eventualmente imputables a la UTE Dique Torres y que hubieran podido perjudicar los intereses económicos del Puerto de Gijón", en alusión a los acuerdos alcanzados por Dique Torres para garantizarse, según la OLAF, el aprovisionamiento de tres cuartas partes de la piedra que se empleó en la obra sin contraprestación directa. Esto es, la OLAF sostiene que mientras Dique Torres negociaba sobrecostes con el Puerto alegando el encarecimiento de los materiales de cantera, ya se había garantizado el suministro de la mayor parte de los mismos a coste cero, en las canteras de La Hoya y Peña María. Por más de 23 millones de toneladas de materiales pagó sólo 7,7 millones de euros, por gastos de extracción, según el informe. Dique Torres guarda silencio, pero en una carta remitida al Puerto niega que ese material se haya obtenido sin contraprestación.
La OLAF, en cambio, llega a esa conclusión tras haber recabado información de la propietaria de ambas canteras, Tudela Veguín. La Autoridad Portuaria asegura que desconocía los pactos que alcanzó Dique Torres con la cementera para asegurarse el suministro de la mayor parte de la piedra a unos costes inferiores al precio que cobró por los mismos al Puerto. La OLAF, en cambio, considera que el Puerto conocía al menos parte de los contratos de Dique Torres para asegurarse piedra gratuita.
El escrito del Puerto trata, por otro lado, de rebatir otros argumentos de la OLAF. Aza destaca que el Puerto no cobró ayudas europeas por los sobrecostes. También señala que el Puerto ha cumplido el régimen fijado por la UE para conceder la subvención; niega que la adjudicación de la obra de ampliación se haya hecho con la intención de renegociar a posteriori los precios con el adjudicatario ni que la Autoridad Portuaria se hubiera constituido en garante de los pagos de la piedra extraída de la cantera de Aboño, uno de cuyos copropietarios, Sato, era también integrante de Dique Torres. Aza insiste en ese y otros argumentos que en su día ya dio el expresidente de El Musel Fernando Menéndez Rexach a la UE para negar que se tratara de favorecer a Dique Torres en el concurso.
El escrito también recuerda que los sobrecostes que se abonaron finalmente son inferiores a los que se habían aprobado en 2007, que en lo relativo a las canteras se substanciaron en 91,59 millones de euros de sobrecostes.
Sobre la supuesta falta de control de los trabajos, en especial en lo relativo a los pesajes de materiales de cantera aportados a la obra, Aza considera que los datos que maneja la OLAF "son inexactos, irrelevantes o no significativos" o tienen explicación técnica. La presidenta del Puerto también apunta a confusiones de la OLAF en torno a la cantidad finalmente abonada a Dique Torres, y recuerda que la UTE está reclamando más dinero por vía judicial.
Aza también cuestiona el procedimiento de antifraude, poniendo en tela de juicio el momento en el que informó al Puerto de sus investigaciones. Además, apela a los principios de "congruencia y confianza legítima" al considerar que la DG Regio había archivado en 2010 el expediente abierto al Puerto para recortarle ayudas y al "resultado de las auditorías y de los controles realizados al Puerto por la autoridad nacional y por agentes de la Comisión desde 2005".
