La decisión de eliminar, total o parcialmente, los proyectos residenciales previstos en los urbanizables de Castiello de Bernueces, Granda y Cabueñes del futuro Plan General de Ordenación (PGO) supone dar al traste con alrededor de 400 millones de euros ya invertidos y con el empresariado local de la construcción. Así de contundente fue la reflexión del abogado Miguel Guisasola que, junto a la también abogada Victoria Couce, ejercieron ayer de ponentes en una sesión sobre "las repercusiones jurídicas del PGO de Gijón" organizada por los redactores del documento de prioridades del Plan en su campaña de información pública. Tanto Guisasola como Couce son especialistas en urbanismo y tienen vínculos profesionales con esas tres operaciones . La moderadora del encuentro fue María Monasterio, jurista del equipo redactor.
"Este Ayuntamiento se lleva por delante a una clase empresarial de la ciudad. Aquí están todos los promotores de Gijón, estamos hablando de la subsistencia del sector empresarial de la construcción. ¿Tan necesario era todo esto?", sentenció Guisasola sobre la eliminación de esos proyectos tras hablar de la "escasa simpatía" hacia los urbanizables que se encuentra en el documento de prioridades y de las "razones un poco singulares" que se utilizan para prescindir de ellos. El documento de prioridades que ahora mismo está a debate elimina las operaciones residenciales de Porceyo, Granda y Castiello alegando "problemas de todo tipo" y opta por recalificar los ámbitos de Jove y Cabueñes. Este último serviría ahora para atender las necesidades de expansión del Parque Científico y Tecnológico. Los tres grandes ya en marcha -Castiello, Granda y Cabueñes- suponían la generación de 5.000 viviendas. Guisasola entiende que el documento de prioridades plasma la voluntad política sobre el modelo de ciudad fijado por el gobierno local de Foro.
Para Guisasola se está ante un nuevo capítulo en una década "calamitosa para el urbanismo de Gijón" al sumar las anulaciones de planes en los juzgados y situación de crisis económica. El experto fijó su atención en las autoridades municipales, las anteriores y las actuales, para analizar la respuesta dada en cada momento a las anulaciones judiciales del planeamiento urbanístico local. "El actual ayuntamiento ha optado por la paralización de instrumentos de desarrollo pero con una finalidad distinta al anterior: redactar un plan nuevo sin cortapisas", concretó Guisasola.
Guisasola y Couce coincidieron en solicitar a los responsables políticos del Ayuntamiento y a los responsables técnicos del documento de prioridades una mayor reflexión sobre el coste económico que esta revisión del planeamiento urbanístico local puede suponer para las arcas municipales en materia de indemnizaciones por responsabilidades patrimoniales. Un coste sin cuantificar pero que Couce definió con expresiones como "indemnizaciones relevantes, potentes y gravosas para el erario público".
Pagar hasta el IBI
Son indemnizables, entiende la jurista, desde los gastos en arquitectos o abogados hasta lo abonado en la compra de terreno, las obras constructivas realizadas, los gastos financieros que genere un préstamo y el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Ya hay, recordaron los ponentes, reclamaciones a trámite para que la administración compense a los promotores de los denominados gastos inútiles (personal técnico y gestiones administrativas).
"La ley reconoce la responsabilidad de la administración pública en lesiones de bienes y derechos cuando el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Aquí se dan todos los requisitos", explicó Couce. La abogada indicó que propietarios y promotores de esos urbanizables tendrán derecho a ser indemnizados tanto si se da una sentencia firme del Supremo que anule el Plan del 2011 como si entra en vigor el documento de revisión ahora en marcha con las eliminaciones de urbanizables previstas. Y fijó un tercer escenario que vinculó a la actual realidad del urbanismo local: la indemnización por retrasos en la tramitación. "Tras la sentencia anulatoria el Ayuntamiento optó por paralizar y ralentizar todo. Si el retraso es imputable a la administración también se generan indemnizaciones", concretó. Couce asegura que en Castiello, Granda y Cabueñes hay opciones de reclamación "porque se hicieron los deberes y los planes estaban en marcha" pese a que no se haya llegado a la fase de licencia, que desde el gobierno local entienden como esencial.
